Las reformas constitucionales iniciadas y promovidas desde el sexenio pasado, avanzan “rápidamente” en el actual Congreso por lo que las empresas de tecnología y telecomunicaciones deben seguir con mucha atención los cambios regulatorios y de competencia que generará la eventual disolución del IFT y la Cofece.
“El 13 de octubre, el diputado Ricardo Monreal, líder del partido gobernante Morena, anunció que las reformas para eliminar el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y otras entidades autónomas estarían concluidas antes de diciembre de 2024. Monreal señaló que siete de las 18 Reformas Constitucionales propuestas por el expresidente López Obrador ya fueron aprobadas”, precisó la publicación de la firma Access Partnership.
La consultora recomendó que las firmas de tecnología y telecom, deben dar puntual seguimiento a los trabajos legislativos que se realizan para extinguir los órganos autónomos pues hasta el momento hay poca claridad sobre cómo quedaría conformada la estructura de las entidades que reemplazarían las facultades y funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
“Se prevé que la regulación de la competencia estará a cargo de la Secretaría de Economía, mientras que la regulación de las telecomunicaciones estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes. Estos organismos podrían parecerse a las estructuras anteriores a 2013 de la Cofeco y la Cofetel”.
Otro punto trascendente de esta reforma constitucional es que CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos “expandirá su rol, potencialmente absorbiendo la participación del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), con lo cual ejercerá mayor influencia sobre Altán Redes, empresa responsable de operar la Red Compartida.
“Esto podría llevar a que una entidad controlada por el gobierno (federal) domine el mercado de servicios de Internet, lo que genera inquietudes sobre la neutralidad competitiva”.
Otro argumento que refuerza este punto de vista es que la semana pasada, en la Cámara de Diputados se aprobó una reforma constitucional (la cual podría se aprobada en breve en el Senado) que convierte el acceso a Internet en una actividad estratégica para el Estado, igual que la generación y distribución de electricidad y extracción de petróleo, lo cual permitirá al gobierno “brindar servicios de Internet sin violar las leyes de competencia, un cambio significativo que podría facilitar prácticas monopólicas”.
En su análisis Access Parnetship destaca que Morena y sus aliados cuentan con los votos suficientes para aprobar estas reformas con una oposición mínima, a pesar de las preocupaciones planteadas por distintos organismos de representación de la industria tanto de tecnología como de las telecomunicaciones.
Finalmente indicó que los cambios propuestos en los marcos regulatorios y de competencia pueden entrar en conflicto con el Capítulo 18, entre otros, del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), particularmente en términos de política de competencia y acceso justo al mercado.
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