La falta de infraestructura física de telecomunicaciones en varias regiones del país, sigue siendo una de las barreras importantes que impiden a muchos mexicanos ejercer su derecho constitucional de acceso al internet. Casi el 30 por ciento de los hogares en México se encuentra en esta situación y se tienen identificadas más de 63 mil localidades donde el mercado, por sí solo, no resolverá esta problemática.
El “Balance de Conectividad en México 2023”, estudio recién liberado por la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), establece que “la falta de infraestructura de telecomunicaciones es uno de los principales padecimientos que explica la brecha de conectividad de banda ancha fija en poco menos de una tercera parte (29 por ciento) de los hogares en México, equivalente a 10.4 millones de hogares desconectados al cierre de 2022”.
Para los mexicanos que se encuentran dentro de esta estadística, “esta circunstancia los inhabilita para acceder y aprovechar una diversidad de servicios, aplicaciones y herramientas disponibles en internet, hoy esenciales para aprender, trabajar, comunicarse, adquirir bienes de primera necesidad, jugar, entretenerse, acceder a la cultura, entre otras actividades”, destaca el documento.
The CIU, destaca la importancia y los beneficios que significa para las personas, hogares, empresas, industrias e incluso gobiernos, la posibilidad de estar conectados en términos de competencia, crecimiento económico y el ejercicio de derechos humanos como la salud y la educación, por sólo citar algunos.
En México, uno de los problemas serios es la falta de infraestructura. Al cierre de 2022, se contabilizan 90.4 millones de internautas en México, esto implica un nivel de adopción de 77.9 por ciento del total de la población de seis años o más, lo que resulta en una brecha de conectividad de poco menos de una cuarta parte (22.1 por ciento) de las personas, quienes aún no cuentan con capacidad de emplear internet con regularidad.
A pesar de ser un derecho consagrado en la Constitución y principal vía para el desarrollo y el bienestar, 25.6 millones de personas en el rango de edad referido aún no lo tienen, destaca la publicación.
Para los especialistas de la consultora el tema económico surge como otra barrera de acceso a la conectividad, “pues los niveles socioeconómicos (NSE) más bajos, padecen una discapacidad digital, principalmente por limitaciones de su poder adquisitivo”, que se suman (y en algunos casos coinciden) a las barreras de disponibilidad de infraestructura ya señaladas.
Así, se observa que el NSE más alto, es decir, el identificado como A/B, cuenta con 98 por ciento de adopción del internet en sus hogares. El NSE C+, cuenta con 82 por ciento de adopción; el C/C- cae al 52 por ciento, mientras el NSE D/E, registra una drástica caída al 33 por ciento. Es decir, apenas tres de cada 10 personas en este último nivel, cuentan con la adopción del internet en sus hogares, por razones directamente relacionadas con su nivel de ingreso.
Y si bien han aumentado las posibilidades de acceso, la velocidad y la capacidad en manejo de datos que ofrecen cada vez más servicios, The CIU indica que “hoy es menester extender la disponibilidad y las capacidades mejoradas de la conectividad para todos los mexicanos, especialmente en aquellas zonas remotas y con mayor rezago económico, por los beneficios referidos que tiene su acceso”.
Cabe destacar que la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), en el documento titulado “Infraestructura de Telecomunicaciones para el Desarrollo y Crecimiento Económico”, destaca que el servicio de internet es un “habilitador de derechos” en diversos ámbitos, como los servicios, el crecimiento económico, la educación y la salud y por ello es importante garantizar el despliegue de tecnología para que todos los mexicanos gocen de estos derechos.
La dependencia tiene identificadas 63 mil 688 localidades sin cobertura de internet, que deben ser atendidas porque el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la conectividad para la y los mexicanos, por lo que es necesario generar políticas públicas para lograrlo, porque “el mercado por si sólo no lo va a hacer”.
De hecho, de estas más de 63 mil localidades (muchas de ellas ubicadas en lugares apartados, de difícil acceso y poca población), el Programa de Cobertura Social ha identificado 5 mil 900 Zonas de Atención Prioritaria para corregir esta situación.
La empresa productiva del Estado, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, está trabajando para conseguir que la cobertura llegue a estas localidades, donde definitivamente el mercado no lo hará, por la falta de incentivos.
C$T-EVP
