Los ajustes a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum, no eliminan las preocupaciones por temas como censura previa, posibles abusos a la libertad de expresión y ausencia de consulta informada a comunidades indígenas, entre otros, coincidieron especialistas.
Durante una nueva mesa del foro “La reforma de telecomunicaciones: desafíos y oportunidades” realizado en la Cámara de Diputados, el anuncio de la creación de un organismo colegiado en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la eliminación del controvertido artículo 109 y la definición del espectro gratuito para la CFE, hecho por su director José Peña Merino, se tomó con reservas por especialistas y legisladores de oposición.
La iniciativa de ley mereció calificativos como regresiva, opaca, ociosa, policiaca y con falta de claridad sobre el rumbo que se le quiere dar a México en materia de telecomunicaciones, aunque también se reconoció la apertura para hacer algunos cambios en el contenido de la ley, “porque podría no haberse hecho”.
María José De Icaza Benet, investigadora del Programa de Derechos Digitales de Artículo 19, tomó con reservas el anuncio, al señalar que la ausencia de un mecanismo de parlamento abierto previo al dictamen y la falta de transparencia en la conformación de la iniciativa, dejan la preocupación de “que estos espacios sean una simulación y de que mecanismos como estos realmente generen insumos que sean integrados a la ley”.
Explicó que aun quitando el artículo 109, como se dijo en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, persisten la censura previa sobre los contenidos para niños y adolescentes con una “visión adultocentrista” y persisten espacios para censurar de manera arbitraria e ilegal las actividades de periodistas y defensores de derechos humanos, sin criterios claros y transparentes.
Exigió que la seguridad nacional no se convierta en una justificación para la censura y advirtió que para coartar la libertad de expresión, en todo caso hace falta justificar la necesidad de hacerlo, establecer la legalidad de las acciones y la proporcionalidad en la actuación de las autoridades, todo lo cual no está claro en la ley.
De hecho, ante las modificaciones anunciadas en Palacio Nacional, “nos preocupa que se hagan cambios sin que culminen los espacios de deliberación, lo que pone en entredicho si nos están escuchando realmente”.
Además, indicó que la falta de una consulta informada y adecuada a los pueblos indígenas en torno a las concesiones para radiodifusión de uso social, comunitario, indígena y afromexicana, no solo viola los tratados internacionales de los que México es parte, como el Acuerdo 169 de la OIT, sino la propia Constitución.
En su oportunidad, el diputado del PAN, Federico Döring, advirtió: “lo que hay en la mesa es una Ley que parece redactada por un policía”. De ahí que “no comparto los anuncios de supuestas buenas noticias de este miércoles; es una puesta en escena”, criticó.
Y advirtió que la legislación incluye la suspensión de concesiones y hasta la posibilidad de que cualquier policía o funcionario de fiscalía solicite que se “apaguen” los teléfonos en cualquier momento y que la ciudadanía no pueda, por ejemplo, filmar abusos de la Guardia Nacional, lo cual es otra forma de censura.
Además, persiste el también controvertido artículo 210 sobre la publicidad de gobiernos extranjeros, pero no se distingue información de spots publicitarios, lo cual restringe la libertad de información de los ciudadanos.
También advirtió que, complementario a esta ley, se debe tener en cuenta la de Seguridad Nacional y la de Inteligencia, que también consideran el intercambio de datos biométricos de la ciudadanía, sin los debidos controles judiciales.
Al respecto, la especialista en telecomunicaciones, Irene Levy, consideró positivo que se haya hecho el anuncio de cambios a la ley, porque implica que hay apertura, “pero esperamos que se abra más y haya más modificaciones; quiero pensar que fueron algunas y no todas”.
Dejó claro que más allá de los detalles de la ley e incluso de algunos preceptos que se le puedan ajustar, “me preocupa en general la falta claridad sobre el rumbo que se le quiere dar a México en materia de telecomunicaciones”.
Y aunque coincidió con el diputado Döring respecto al abuso del Estado sobre los medios públicos que “están más oficialistas que nunca”, le recordó que en su momento, el PAN y otros partidos de oposición, no dijeron nada cuando se reformó el Código Federal de Procedimientos Penales, que podría ser igual de delicado que esta iniciativa de Ley.
En su oportunidad, Clara Luz Álvarez, investigadora de la Universidad Panamericana, insistió en los poquísimos avances que esta ley incluye a favor de las personas con discapacidad y advirtió que persiste la discriminación contra las poblaciones indígenas y afromexicanas, pues para darles una concesión, las comunidades tienen que comprometerse a sólo promover su cultura y sus costumbres, lo cual es discriminatorio y viola su libertad de expresión.
También persiste un tema que viene de la ley anterior, donde se obliga a las radiodifusoras de este tipo a solicitar autorización del SAT para recibir donativos, proceso que es complicado y limita la posibilidad de recibir recursos de sus propias comunidades a las que prestan servicios.
En su oportunidad, la también diputada del PAN, María Elena Pérez Jaen, advirtió: “no celebro el anuncio; el hecho de eliminar algunos artículos de esta abusiva iniciativa no nos garantiza nada” y recordó que, con la extinción del INAI, la ciudadanía queda “en una indefensión increíble respecto del abuso de datos personales e incluso biométricos que con una iniciativa como ésta se va a dar el libertinaje”.
C$T-GM
