Se podrían generar criterios de distorsión en la competencia.
En los hechos, la intención del gobierno federal de aumentar el cobro por derechos en el uso del espectro radioeléctrico, sí representa un impuesto para los consumidores de servicios de telecomunicaciones, afirmó Jorge Álvarez Hoth, presidente del Grupo Empresarial Alcance Desarrollo y Negocios.
El debate sobre incrementar el costo de bandas de espectro es cíclico; “es un dilema destructivo, porque estamos debatiendo entre comprometer el futuro del desarrollo de un sector que tiene el dividendo digital, que está demostrado en el mundo que genera un efecto multiplicador del desarrollo de la economía, en la integración de la gente que más necesita apoyo para actividades económicas, y lo que estamos haciendo con este tipo de derechos incrementados es totalmente ir en contra de esto, por una muy pobre recaudación que se puede lograr por esta vía”.
Con más de 30 años de experiencia en el sector de Telecomunicaciones en el sector público y privado, Álvarez Hoth consideró que pareciera que existe una descoordinación entre el órgano regulador y la Secretaría de Hacienda, pues el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha recomendado bajar el costo de los derechos del espectro radioeléctrico.
Un alza en ese sector comprometería bandas que permiten el despliegue de redes 5G, que pueden habilitar servicios de Internet de las Cosas (IoT), de seguridad, salud y educación, pero que al gravar un activo como el espectro van a inhibir las inversiones, explicó a senadores de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en el Primer Foro Virtual “Análisis de los Criterios Generales de Política Económica 2021 y reformas a la Ley Federal de Derechos”.
Ante una medida con espíritu recaudador, subrayó, se inhibe la inversión en un contexto donde, por ejemplo, una red 5G requiere en México recursos por alrededor de 8 mil millones de dólares. “Atacar el desarrollo o inhibir los incentivos de invertir en estas bandas me parece que podría ser una de las ideas menos recomendables”, pues los grupos que invierten en telecomunicaciones son multinacionales, que al no ver condiciones óptimas en el país, podrían dirigir sus inversiones en otros países.
Como ejemplo, comentó que a la banda 850 Megahertz (MHz), que hoy se usa para prestar servicios móviles de banda ancha, se le está proponiendo un incremento de 56 por ciento, cuando lo que más se podría aceptar sería un incremento por inflación. “Evidentemente, esto va a ir contra el bolsillo de más empresas que están invirtiendo y que lo que van a hacer es estar preservando dinero y viendo para dónde van sus inversiones”.
“Si nos vamos a las bandas de 3.5 MHz, que también sirven para las redes de quinta generación, al ser utilizada en servicios móviles esta Ley General de Derechos la grava y pone un costo por Megahertz POP, que es como se mide.
El especialista advirtió también que se podrían generar criterios de distorsión en la competencia, porque para la misma cobertura, una empresa que tenga ingresos mayores que otra va a pagar lo mismo por MHz POP que una empresa con ingresos menores, si tiene el mismo número de Megahertz y el mismo número de cobertura.
La banda de 600 MHz y que es ideal para 5G se le pone un costo muy parecido a lo que se paga por la banda de 1.9 GHz, que de por sí ya estaba por arriba de lo que se paga en el mercado internacional, mientras que la banda de 700 MHz, que podría ser muy similar o parecida, y que hoy explota Altán Redes, bajo la Asociación Público-Privada que estableció con el gobierno, tiene un costo significativamente menor de 10 centavos por MHz POP.
En ese sentido, se genera una distorsión adicional, porque no se está promoviendo que un nuevo jugador llegue e invierta en dar servicios al usuario final en otra banda, cuando en la de 700 MHz donde el gobierno está participando, ahí no se toca con lo que se distorsiona el costo de la banda.
“Con estas medidas recaudatorias, en los hechos, sí se están aumentando los impuestos a los consumidores, porque además una de las consecuencias que pueden tener y es probable que tengan estos incrementos que se dan en 56 por ciento, es que haya algún ajuste de tarifas de alguna naturaleza a los consumidores”, agregó.
Para Álvarez Hoth, a través de un derecho, que en su opinión es un impuesto adicional al operador, se generarán mayores costos a los consumidores, a cambio de un beneficio muy relativo, porque “todas las veces que se ha hecho este ejercicio de incrementar los costos de las bandas se ha traducido en una menor recaudación para el gobierno”.
C$T-GM
