Tras haber recibido un texto incompleto y en “formato incomprensible” de la controversia constitucional en contra de las reformas legales por las que se crea el PANAUT, la asociación civil, Observatel, espera que en breve el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resuelva el recurso de revisión interpuesto y que instruya al IFT publicar el documento íntegro.
“Lo que pedimos es el texto de la controversia, porque lo que entregaron fue un texto tachado, lo que esperaría una vez que se resuelva el recurso de revisión, ya que el IFT no ha dado muestras ni indicio de liberarlo antes de que se resuelva, es que se le ordene que todo el texto sea publicado”, explicó Michel Hernández, director General de Observatel.
El especialista detalló que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tiene hasta inicios de octubre para emitir una resolución, sin embargo, es posible que dada la relevancia del tema, la respuesta se pueda dar en los próximos días.
El pasado 31 de agosto, Observatel dio a conocer que en respuesta a una solicitud de acceso a la información, en la que pidió al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el texto del recurso presentado en contra de este padrón, el órgano regulador entregó una versión en la que 159 páginas de las 184 que lo conforman contienen líneas y párrafos testados (tachados).
Esta práctica, sostiene la asociación, es contraria a la transparencia y al principio constitucional de máxima publicidad en el derecho de acceso a la información, pues impide conocer los argumentos del Instituto en una demanda que es de interés público y que involucra derechos humanos cuya protección está en riesgo por el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).
El principal argumento del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para mantener prácticamente la totalidad de la controversia reservada, refirió, es que se trata de información que forma parte de un expediente judicial.
Sin embargo, es fundamental tener en cuenta la naturaleza del documento, así como del expediente y que en este caso no se trata de un procedimiento entre particulares, sino entre un órgano constitucional autónomo y dos poderes del Estado, en el que se resolverá sobre la constitucionalidad de un conjunto de reformas legales que atentan contra los derechos humanos y por lo tanto es de interés general.
Al respecto, Michel Hernández subraya que diversos organismos públicos ofrecen acceso irrestricto a las demandas de controversia constitucional y acciones de inconstitucionalidad que promueven, incluso desde el momento de su presentación, como el propio INAI y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“Es un tema muy sensible para la ciudadanía, hay miles de amparos presentados, el hecho de que la información del instituto tenga que salir a cuenta gotas y por órdenes del INAI, no obedece a la forma que tendría que actuar el IFT siendo precisamente el garante de estos derechos que están en riesgo, que es el acceso a las TIC y las telecomunicaciones”.
El pasado 6 de septiembre, el INAI dio a conocer que instruyó al IFT buscar y dar a conocer la cantidad de dinero que se requiere para la implementación del Panaut, en atención a un recurso de reclamación interpuesto por un particular.
Y es que ante la solicitud, el órgano regulador del sector telecomunicaciones y radiodifusión argumentó que no cuenta con la propuesta original del PANAUT, ya que derivó de un proceso legislativo, por lo que se puede descargar del sitio web de la Cámara de Diputados o en el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación.
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