Para reducir las brechas de conectividad, mejorar la infraestructura, la asequibilidad para las personas menos favorecidas y darle a los ciudadanos mejores oportunidades en general, se calcula que en el mundo se requieren 400 mil millones de dólares de inversión, de los cuales en América Latina y el Caribe hacen falta al menos 100 mil millones de dólares, lo que obliga a replantear las políticas públicas y regulatorias y recurrir, necesariamente, a asociaciones público-privadas.
“En el caso particular de América Latina y el Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo ha estimado unas necesidades que están en torno a los 100 mil millones de dólares”, tomando en cuenta que los ARPUs se reducen, las necesidades de inversión para nuevas tecnologías crecen y las políticas públicas de espectro y regulación requieren revisiones, advirtió Antonio García Zeballos, especialista Líder en Telecomunicaciones y Coordinador de la Plataforma de Banda Ancha del BID.
Al participar en el Foro Virtual 2024: Espectro Radioeléctrico y la Ruta Hacia 5G y Otras Tecnologías, organizado por 5G Américas, el especialista del BID recordó que todavía hay 2 mil 600 millones de personas en el mundo no conectadas y hasta 3 mil 300 millones sin identidad digital, de manera que se requieren nuevas políticas públicas para que la asignación de frecuencias para el espectro se traduzca en acceso a esas personas y desarrollo para las regiones.
“Debemos entender que la cadena de valor en la industria de las telecomunicaciones ha cambiado, donde el sector privado está tensionado por la contracción de los niveles de ARPU y por la necesidad de inversión de 5G y la expansión de la infraestructura”; de ahí que las políticas públicas en materia de espectro y de regulación también deben ajustarse, tomando en cuenta tres aspectos fundamentales:
Uno: cuál es el Plan Nacional de Conectividad (que engloba infraestructura digital y de datos); dos: una capa intermedia ligada a pagos digitales, identidad digital e infraestructura de compartición de datos; y tres: una capa asociada a usos sociales como escuelas, hospitales, dependencias públicas, pero también todo lo relativo a la parte productiva.
Estos elementos deben estar ligados a la ciberseguridad, la protección de la infraestructura crítica (con interacción entre lo público y lo privado) y el desarrollo de habilidades digitales para que la población se beneficie del uso de esos servicios.
Asimismo, destacó que la infraestructura en Centros de Datos es importante tanto a nivel nacional como regional, porque una de las necesidades como región, es mejorar la interconexión entre países, dado que el crecimiento exponencial de la infraestructura para atender el crecimiento del tráfico seguirá adelante”.
“Esto nos lleva a la discusión de hasta qué punto en América Latina tiene sentido crear hubs digitales regionales que sean países concretos que aglutinan tráfico de países limítrofes y que permitan lograr las economías de escala para mejorar la calidad de servicio y reducir los precios con el consiguiente impacto de asequibilidad tarifaria para los estratos más bajos de la población”.
García Zeballos señaló que “el cambio en la cadena de valor, necesita tener un espejo en las políticas públicas y regulatorias que se puedan definir a nivel nacional” y que la inversión calculada en 100 mil millones de dólares, implica necesariamente asociaciones público-privadas en esquemas distintos, como cooperación técnica, nuevos modelos financieros que incluyan instrumentos de la banca multilateral, fondos de inversión o de pensión, o incluso fondos públicos de los países para reducir los niveles de brechas y maximizar el impacto de la transformación digital en términos de productividad, empleo, crecimiento económico e integración.
“Hoy existen discusiones sobre los mecanismos de financiamiento. Podemos pensar en la creación de fondos de infraestructura específicos que financien estudios de prefactibilidad, la actualización del marco normativo, así como el financiamiento de la infraestructura”.
Aunque no se deben descartar posibilidades como bonos digitales temáticos que permitan ejecutar un Plan Nacional de Conectividad previamente diseñado, o alternativamente estrategias de reducción de riesgo, ya sean garantías asociadas al propio despliegue de infraestructura o la creación de vehículos que favorezcan la intervención del sector público o privado.
“Estamos en una situación de cambio, donde el desarrollo de nuevas tecnologías está siendo imparable. Resulta necesario el diálogo entre la parte pública y privada y donde hay retos muy importantes asociados al nivel de financiamiento y donde es muy necesaria una coparticipación entre distintos actores”.
C$T-GM
