Aligerar la carga regulatoria del operador preponderante en el sector mexicano de las telecomunicaciones, sin asegurar que existan condiciones de competencia, es una decisión prematura pues no cumple con el estándar que exige el marco jurídico y por el que han pasado otros países que realizaron procesos similares de desregulación.
“De forma desconcertante, el IFT no realizó un análisis del estado de la competencia ni de los efectos de esta desregulación en el mercado, sino que propuso de forma directa la eliminación de obligaciones dando por sentado que las condiciones de competencia son suficientes, pero sin acreditarlo”, expuso Elena Estavillo, directora de Centro-i.
Tras una consulta pública que concluyó en junio pasado, el órgano regulador determinó viable autorizar al Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEPT) libertad tarifaria en los servicios de acceso indirecto al bucle que se utiliza en la provisión de internet y telefonía fija.
Al respecto, la también ex comisionada del órgano regulador, subrayó que esta decisión se da en un escenario donde no existen condiciones de competencia efectiva, por lo que se requiere regulación para nivelar el juego entre los competidores.
Y es que el mercado mexicano muestra una marcada reconcentración de ingresos, donde una enorme proporción (más del 70 por ciento) la acumula América Móvil, con costos de espectro muy elevados que incluso han llevado a que Telefónica devuelva frecuencias al Estado y que modifique su esquema de negocios.
“También está el riesgo de quiebra y del modelo de negocios de Altán. Estos son focos rojos sobre las frágiles condiciones de competencia en el sector”, subrayó Estavillo en entrevista con ConsumoTIC.
Además, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no considera que el ecosistema de mercados de las telecomunicaciones está formado por vínculos estrechos entre mercados mayoristas y minoristas, entre localidades y entre los distintos tipos de servicios ofrecidos, lo cual sin duda debilitará la competencia.
La especialista sostiene también que el IFT no hizo un análisis donde se considere las consecuencias de debilitar las condiciones de competencia, en la brecha digital que todavía es sumamente elevada en México y un factor que perpetúa la gran desigualdad que tenemos en el país.
“Siempre existe una parte de la población que el mercado no alcanza a atender, por lo que se requiere que el Estado la apoye de forma directa. Cuando el mercado funciona de manera sana, puede extender su penetración, ofrecer menores precios y distintas alternativas de servicio para un amplio abanico de consumidores”.
Sin embargo, un mercado con poca competencia tiene menor alcance, lo que en las telecomunicaciones se traduce en una brecha digital más amplia; es decir, entre más frágil sea la competencia, mayor será la brecha y menos posibilidades habrá de que los recursos limitados del Estado puedan cubrir a toda esa población.
Análisis presentado por el IFT, insuficiente: Axtel.
Para Axtel, una de las empresas que participó en el proceso de consulta pública sobre los criterios para determinar la flexibilidad regulatoria, coincidió en que el análisis presentado por el IFT no es suficiente para determinar la posibilidad de liberar tarifas en diversos municipios.
“Tras una exhaustiva revisión, Axtel concluyó que es necesario que el IFT realice un análisis de competencia más adecuado para decidir con base en fundamentos si se otorga la libertad tarifaria o se establece un control de costos incrementales de largo plazo (LRIC) a nivel Nacional”, dijo a ConsumoTIC.
Dicho análisis debió tomar en cuenta dos aspectos clave: El ordenamiento constitucional de IFT de garantizar la competencia efectiva y la necesidad de realizar un análisis de competencia económica riguroso.
C$T-GM
