Aunque varios países de América Latina tienen agendas digitales con metas de cobertura, la realidad es que la brecha de conectividad existente va en aumento y difícilmente podría ceder sin un plan nacional que garantice la sostenibilidad de las propias agendas, lo que puede repercutir en términos de crecimiento económico, de productividad y de inclusión.
“Está la necesidad de contar con planes nacionales de conectividad como un elemento intrínseco de las políticas nacionales, para garantizar un poco la sostenibilidad de las agendas digitales. No tener ese plan nacional hace en última instancia que se esté pensando en agendas digitales que están construidas sobre determinados supuestos… de que existe esa conectividad”, enfatizó Antonio García Zaballos.
El especialista principal en Telecomunicaciones del Departamento de Instituciones para el Desarrollo y Coordinador de la Plataforma de Banda Ancha del BID, precisó que esta brecha se traduce en América Latina en 71 mil millones de dólares, para alcanzar la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuando apenas en el 2020 la cifra era de 69 mil millones de dólares.
“La brecha está aumentando y que probablemente se debe, entre otros motivos: a que el resto de países de la OCDE verdaderamente están haciendo inversiones importantes al respecto y, que las inversiones que estamos haciendo dentro de la región, si bien se están realizando no son lo suficientemente rápidas como para poder hacer un captcha (test) con lo que está pasando al respecto en otros países del mundo”.
En el caso de México, refirió que la brecha fluctúa en alrededor de 12 mil millones de dólares; en términos macroeconómicos, se traduciría en una pérdida del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de más del 7.8 por ciento, pérdida de competitividad de más de 6.5 por ciento y menor creación de empleo directo de más de 2 millones puestos.
En el panel “Mecanismos para incentivar el despliegue de infraestructura y equipamiento para la conectividad en la vivienda del futuro”, recalcó que en este contexto los reguladores tienen un rol clave, en el desarrollo de políticas en materia de espectro radioeléctrico y de compartición de infraestructura.
“El futuro va por el 5G, pero también tenemos que ser realistas. Sabemos que el despliegue de infraestructura, de nuevas tecnologías, ya no solamente el 5G, sino el propio 4G, requieren un despliegue importante de infraestructura básica en materia de fibra, que si no se realiza va a comprometer la calidad de los servicios que se están prestando”.
Asimismo, mencionó al financiamiento como otro punto importante para atender las limitantes, en el que se requiere la colaboración del sector público, pues es innegable que el sector privado ha hecho enormes inversiones, pero no puede atender el ciento por ciento de cobertura en ningún país.
De igual manera, acompañar todo con una estrategia para dotar de competencias y habilidades digitales a la población, que le permita un mejor aprovechamiento de los beneficios derivados de esa conectividad.
“Es el momento de tomar cartas en el asunto, basándonos en esa estrategia nacional de conectividad… para ver de qué forma colaboramos con una estrategia-país. Si no somos capaces de hacerlo, no sólo nos estamos equivocando sino que todos estos desarrollos, procesos de transformación digital, en términos sociales, en términos económicos, se van a ver comprometidos”.
En el marco del evento “Vivienda para un futuro conectado”, organizado por el IFT, Odón de Buen Rodríguez, Director General de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), consideró importante una integración de las regulaciones en materia de eficiencia energética y de telecomunicaciones, ante el “matrimonio” cada día más relevante entre la electricidad y las Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC).
Afirmó que ante el hecho de que la electrificación alcance un nivel superior al 97 por ciento de viviendas y que 25 millones de hogares tengan acceso a internet, además de que cada vez sean más comunes los asistentes virtuales de voz, hace urgente una regulación que garantice calidad, desempeño, privacidad y cuidado de datos personales.
“El reto inminente es la integración de las regulaciones técnicas específicas para este propósito de eficiencia energética con las propias de los elementos y sistemas de comunicaciones e información”, aseveró.
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