Las políticas y disposiciones para impulsar el uso y aprovechamiento de la informática, el gobierno digital, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la seguridad de la información en la Administración Pública Federal, son resultado de un ejercicio unilateral que careció de un procedimiento formal de opinión pública, además de integrar elementos que pueden afectar seriamente la competencia en las compras de gobierno.
“Este acuerdo de políticas para TICs por la Administración Pública Federal es una disposición que materializa el contenido del documento de Estrategia Digital Nacional, sale de un ejercicio totalmente unilateral del gobierno”, aseguró Michel Hernández, director General de Observatel.
Desde la perspectiva del especialista, este tipo de disposiciones deberían construirse con total transparencia y participación de la industria, la sociedad civil y la academia, pues se instrumentan con presupuesto público que debe usarse de la manera más eficiente posible.
“A pesar de que pasó por el proceso de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), tuvo exención de MIR, lo que genera que da un poco igual lo que opinen los particulares, no se realiza un procedimiento formal de opinión. Lo que hace el Ejecutivo es cumplir con esa casilla en la comisión, pero sin disposición a ajustar su propuesta, a estudiarla y escuchar los comentarios.”
Con este documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 6 de septiembre, se concreta el actuar de una administración federal que no atiende comentarios y aportaciones de la industria y las voces especializadas con el fin de construir políticas más robustas.
El Acuerdo por el que se emiten las políticas y disposiciones para impulsar el uso y aprovechamiento de la informática, el gobierno digital, las Tecnologías de la Información y Comunicación, y la seguridad de la información en la Administración Pública Federal, está sumamente ligado a la Estrategia Digital Nacional (EDN) 2021-2024.
“Todo el procedimiento, tanto de este acuerdo publicado como de la EDN, que no es estrategia, fue lamentable. Desde que salió como estrategia, muchos dijimos que no lo es y que no se construye así, y había tiempo de que recapacitara el Ejecutivo, y abriera la discusión pero no lo hizo”.
En materia de competencia, el documento abre una serie de interrogantes sobre cómo se podrá garantizar la competencia entre los proveedores de servicios y soluciones tecnológicas para el gobierno.
“Hay preocupaciones bastante serias sobre limitaciones probables a la competencia que se van a generar con este acuerdo que favorece contratos que ya haya celebrado la administración pública con ciertos proveedores”.
El documento establece la operación de contratos marco de los que se tendrían que desprender más contratos para adquisición de TICs, lo cual cierra la posibilidad de mayor competencia y concurrencia de empresas y de oferentes de este tipo de soluciones para el gobierno.
“La forma en la que se dio el procedimiento es preocupante, sobre todo porque puede afectar mucho la manera en la que este gobierno se aproxima a la adquisición de TICs y de soluciones tecnológicas; esto nos puede generar a la larga muchos costos por la falta de competencia, costos que al final vamos a terminar pagando todos porque se trata de presupuesto público.”
En otro orden de temas, destacó que de cara a la entrega del Paquete Económico 2022, el análisis deberá enfocarse en los recursos que se asignarán a entidades y dependencias, pues las políticas y disposiciones aprobadas dejan ver que se gastará más, pero de forma ineficiente.
Y es que todo parece indicar que este Acuerdo va por concentrar todo en el Ejecutivo a través de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional (EDN) y además favorecer a ciertos participantes que ya están o que se seleccionarán, en este primer año de entrada en vigor de las normas.
“Todo esto en un contexto de austeridad, pues hay que recordar que el primer principio de esta mal llamada estrategia, es principalmente la austeridad. El presupuesto nos va a decir mucho, hay que ver hacia dónde se van a destinar los recursos porque no sabemos mucho sobre el fondo de los proyectos”.
Con relación al presupuesto que para el próximo año podrá ejercer el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Michel Hernández comentó que la principal interrogante, es si el regulador obtendrá un aumento de recursos en un contexto donde el interés del gobierno federal es poner en marcha el polémico Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).
“Lo que el IFT argumenta es que no tiene presupuesto para el PANAUT y eso se caería si le asignan más presupuesto, entonces vamos a ver cuánto se le autoriza”.
Otro tema relevante en el análisis del presupuesto 2022 es la cantidad que se le destinará a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, que este año ejerció casi mil millones de pesos; sin embargo, se desconoce con puntualidad el alcance y resultado de los proyectos.
C$T-GM
