Mientras que en el mundo 73 países cuentan con una estrategia digital y 118 han reconocido la importancia de contar con un plan enfocado a llevar banda ancha a toda la población, México carece de una hoja de ruta en la materia, por lo que la política digital se sostiene en algunas acciones aisladas y dispersas.
“Hay acciones aisladas, no hay en realidad un documento, un lineamiento o publicación por parte del gobierno federal que nos diga: aquí está lo que dice la Constitución y cómo lo vamos a lograr. Eso no quiere decir, por supuesto, que no se haya hecho nada, se han hecho cosas”, explicó Michel Hernández Tafoya, director del Observatorio de Telecomunicaciones de México (Observatel).
Sin embargo, desde la perspectiva del especialista, el país está en un buen momento para retomar esa necesidad de la política digital, al menos con lo que establece la Constitución, e impulsarla desde los estados y municipios, esfuerzo que se verá reforzado si se logra una política federal en la materia.
La Política Digital es un mecanismo garante del derecho humano a la conectividad y a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), en el caso de México la propia Constitución establece qué elementos debe tener, así como metas anuales y sexenales; objetivos en materia de infraestructura, accesibilidad y habilidades digitales.
Se requiere también programas de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos; desarrollo de aplicaciones, sistemas y contenidos digitales; así como estrategias orientadas a brindar acceso a las TIC, incluyendo el internet de banda ancha para toda la población, pero lo que existe son acciones aisladas.
Entre ellas, refirió, se encuentra el Marco de Habilidades Digitales de enero 2020, el cual es una taxonomía sin objetivos y metas; un programa de conectividad que sí se actualiza anualmente y sí incluye algunas metas de conectividad, pero solo en sitios públicos.
Al reflexionar sobre la Política Digital Nacional, el especialista indicó que también existe un programa que identifica lugares con y sin cobertura, pero no se actualiza de manera constante, y en el que hay registro de 124 mil localidades sin conectividad.
Por su parte, el proyecto Aldeas Inteligentes aporta 50 puntos de conectividad, que al ser contrastados con las 124 mil localidades que carecen de la posibilidad de conectarse a internet, “dan muestra de lo mucho que falta para que estos programas realmente lleguen a tener el impacto que se requiere”.
“Tenemos proyectos públicos como CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE-TEIT) que tiene muchas limitaciones jurídicamente, de entrada no podría ofrecer servicios en localidades donde ya existe conectividad… Todo este esquema da una imagen de falta de articulación, falta de coordinación y falta de rumbo que ha privado en esta materia”.
México requiere de una política que le dé rumbo a todos los esfuerzos y que se construya en conjunto con otro tipo de políticas y con la visión de diversos sectores para que sea coherente, pues se corre el riesgo de tomar decisiones que choquen con el objetivo general de inclusión digital, además una parte fundamental es el Congreso, ya que debe fungir como un contrapeso, y no permitir que existan retrocesos, puntualizó.
José Otero, vicepresidente de 5G Américas, reconoció que este panorama se repite en varios países de Latinoamérica, con políticas digitales y planes nacionales que pretenden llegar a todas las regiones pero creadas desde la metrópoli, lo que al final no logra el mayor impacto, por lo que desde lo local comenzaron a surgir iniciativas.
“Estamos viendo cuántos países están haciendo implementaciones para llevar esa conectividad rural, son muy pocos; esto teniendo en consideración de que se está limitando un plan nacional de conectividad, una agenda digital nacional a simplemente dar cobertura. Todas las demás aristas no existen… Esto ha forzado a que haya un surgimiento desde las localidades, desde las distintas regiones, para impulsar esfuerzos locales”.
El experto en la industria regional de telecomunicaciones, enfatizó que no se puede pensar en conectividad, si no se ve reflejada en un acceso tangible con beneficios inmediatos para las comunidades rurales, esas que han sido ignoradas por las metrópolis.
“El trabajo más pesado, el más importante es cómo vamos a educar a todos los segmentos de esa cadena de valor, para que se pueda explotar esa tecnología y resulte en un beneficio que impulse ese desarrollo económico y social, y es algo complicadísimo, por la continuidad, porque las personas que están tomando las decisiones no están enteradas de cómo funciona la tecnología”.
C$T-GM
