La suspensión concedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al IFT hace improcedente solicitar los más de 100 millones de pesos que requeriría poner en marcha el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), por lo cual no fue incluido en la solicitud de recursos para el ejercicio fiscal 2022.
“La suspensión que otorgó la SCJN es para dejar las cosas en el estado en que se encuentran, en ese sentido no podemos avanzar en el proyecto mientras tengamos una suspensión del Poder Judicial”, afirmó Javier Juárez Mojica, comisionado del IFT.
En entrevista con ConsumoTIC, el funcionario habló de la responsabilidad del órgano regulador en el uso de los recursos públicos que se evidencia en una disminución de 44 por ciento si se comparan los recursos solicitados en su primer presupuesto de 2014 y lo que espera ejercer en 2022.
El funcionario expuso que con un esquema permanente de teletrabajo, el IFT planea liberar uno de los edificios que renta, lo que puede representar más de 50 millones de pesos anuales en términos de ahorro.
El comisionado Javier Juárez Mojica, dijo que aunque el IFT es una institución que aún tiene áreas de oportunidad, los resultados de su labor son palpables y muestra de ello son los beneficios acumulados que representan 540 mil millones de pesos, es decir, que por cada peso que se destina de presupuesto al IFT, se retornan a la sociedad 47 pesos.
En materia regulatoria, el integrante del Pleno del órgano regulador habló de la libertad tarifaria recientemente aprobada al Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEPT), en los servicios de acceso al bucle local que se utiliza para la provisión de banda ancha fija en 52 municipios del país.
“Se ha llegado a afirmar que ahora la preponderancia quedó fragmentada y que en esos municipios ya no hay preponderancia porque ya la quitamos en 52 municipios, nada más alejado de la verdad porque incluso en esos 52 municipios (el AEPT) sigue sujeto al resto de las obligaciones de preponderancia”.
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