La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que la iniciativa de incorporar las bandas de 600 MHz, 1,500 MHz y 3.5 GHz a la Ley Federal de Derechos (LFD) 2021, partió de la solicitud del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debido a que se licitarán en próximos procesos, además que por ley era obligada dicha integración.
“La relevancia de introducirlas se debe a que, por ley, no puede haber un bien de la nación que se use y que no esté gravado con derechos… a sugerencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se incluyeron cuotas para las nuevas bandas que serán licitadas en los próximos años”, aseguró la dependencia responsable de la política fiscal del país.
Resulta pertinente la aclaración, aunque sorprende que la percepción de la dependencia respecto de que el valor del espectro radioeléctrico en México está subvaluado continúe inamovible, al sostener que las cuotas “son las más bajas de la LFD y que están por debajo del promedio de las referencias internacionales que el Instituto considera”.
Esto resulta incomprensible luego de que el propio órgano regulador le presentó un amplio estudio donde se precisa todo lo contrario; es decir, que en México priva un pago de derechos no solo por encima del promedio de economías similares de América Latina, sino de países desarrollados, donde incluso destacan casos en los cuales no hay cobro de derechos.
Aunque en la Cámara de Diputados se mostró sensibilidad para aprobar solo una actualización inflacionaria de 3.5 por ciento para los derechos vigentes en 2021, y que la integración de cuotas a las bandas de 600 MHz, 1,500 MHz y 3.5 GHz serán vigentes hasta tres años después de que sean licitadas, empaña la posibilidad de que Hacienda haga una revisión exhaustiva y fije un valor más competitivo al espectro, si esta instancia continúa sosteniendo que en México los costos están subvaluados.
Además para Hacienda, el precio del espectro responde a otro tipo de factores como “la poca competencia” que hay entre las empresas que prestan el servicio de telefonía móvil, lo que ha provocado que el pago del denominado “guante” o precio de entrada resulte por debajo de lo esperado en los procesos de licitación y que por lo tanto el gobierno se vea en la necesidad de recuperar el costo de un bien de la nación a través del cobro de derechos justos.
Es deseable que estos y otros puntos hayan sido aclarados en las recientes reuniones sostenidas entre los integrantes del Pleno del órgano regulador con representantes de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, donde al igual que en la Cámara de Diputados puedan encontrar legisladores dispuestos y comprometidos a organizar grupos de trabajo donde se resuelva de una vez por todas, una problemática que ya viene de administraciones pasadas y que no supieron resolver.
A petición del jefe del Ejecutivo, la SHCP debió de hacer estas y otras precisiones derivadas de la pregunta de una reportera que en la habitual conferencia “mañanera”, aseguró que los cambios de la miscelánea fiscal 2021 “afectarán la economía familiar y empresarial con el aumento a los costos de los servicios de internet, de la telefonía móvil y de servicios de plataformas digitales”.
La respuesta de la dependencia fue que el Paquete Económico 2021 no contempla ningún aumento a los servicios de telefonía móvil a los consumidores, así como tampoco la creación de nuevos impuestos; en su caso, “únicamente se harán ajustes por inflación”.
C$T-EVP
