Nuevas medidas contra preponderancia hacia 2020
La tarea de llevar conectividad sólo al 5.0 por ciento de la población del país exige “mucha mucha inversión privada”, pues se trata de personas ubicadas en los 500 municipios más dispersos y remotos del país, por lo cual las autoridades en su conjunto tienen la obligación de hacer todo lo necesario para hacer efectivo ese mandato constitucional.
“En México, como en todos los países del mundo, los esfuerzos del sector privado son insuficientes para llevar conectividad a todo el país, un proyecto que exige grandes e importantes flujos de inversión para poder llevar conectividad a todas las personas, lo cual no es un deseo sino un mandato, por lo que todas las autoridades en el país están obligadas a realizar acciones, para hacerlo efectivo”, precisó Gabriel Contreras Saldívar, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Luego de participar en el Foro de Telecomunicaciones 2019, aseguró que en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) está previsto que entidades públicas lleven conectividad, pero también está fijada la neutralidad de la inversión pública, para que no genere distorsiones en el mercado.
La forma en que puede intervenir el Estado es diversa, como ejemplo citó la reciente subasta realizada en Estados Unidos con el propósito de llevar conectividad a millones de personas, aunque también se habla de fondos universales, o de la creación de empresas estatales, y ante este desafío tecnológico, ninguna alternativa debe estar cerrada para el país.
Cuestionado sobre la posibilidad de generar una “doble ventanilla”, al crear una empresa estatal que ofrezca internet, en lugar de darle esa tarea a Telecomunicaciones de México (Telecomm) detalló que es necesario esperar a conocer cómo instrumentará esta iniciativa el gobierno federal.
“La OCDE recomendó que cuando intervenga el Estado se garantice que ofrecerá la mayor conectividad posible, lo cual puede hacer el Estado de manera directa o indirecta con los operadores que ya existen, pero lo indispensable es limpiar el camino para que los privados puedan realizar esa tarea”.
Hay muchos obstáculos en el país para desplegar infraestructura de telecomunicaciones; no es atípico que cuando se dañan algunas radiobases, al momento de acudir la empresa a repararla, comisarios de algunos ejidos exijan pago de peaje, “eso no puede seguir sucediendo en el país, porque esas acciones dañan a la población” al evitar la operación eficiente de las telecomunicaciones.
Bajo este escenario es fundamental reconocer que se requiere de un volumen muy cuantioso de inversión privada, porque son casi 500 municipios -una quinta parte del total del país- donde habita en forma muy dispersa el 5.0 por ciento de la población que todavía no tiene garantizado su derecho a la conectividad.
En otro orden de ideas, previó que para 2020 se tendrán listas las medidas de preponderancia que se ejercerán a los Agentes Económicos Preponderantes (AEP) en telecomunicaciones y radiodifusión (América Móvil y Grupo Televisa, respectivamente), una vez que se hayan analizado todas las propuestas emitidas en la consulta pública que concluyó este 27 de mayo.
Precisó que en esta segunda revisión, se analizará el cumplimiento de las medidas asimétricas ejercidas, el punto de vista de la competencia, así como el impacto que han tenido en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión; se modificará o incluso se suprimirá lo que sea necesario.
Explicó que se trata de procesos jurídicos donde los preponderantes tienen derecho a presentar alegatos en su favor, y donde se respetan todos sus derechos y garantías, pero una vez culminado se emitirán las nuevas disposiciones, lo que sucedería hacia el 2020.
C$T-EVP
