Desconocimiento incentiva revictimización.
Una agresión es violencia tanto en el mundo físico como en el ciberespacio. Quizá el daño de la violencia digital no se vea a simple vista, pero puede dejar severas secuelas en las víctimas, quienes enfrentan diversos obstáculos para superarlas emocionalmente y encontrar una debida reparación.
En el mundo online la violencia digital se da en diferentes plataformas y redes sociales. Si bien se han dado casos de niños, jóvenes y adultos, las mujeres son las principales víctimas de este fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años. De acuerdo con el informe “La violencia en línea contra las mujeres en México”, la población femenina que tienen entre 18 y 30 años de edad es la más vulnerable.
Existen leyes que pueden aplicarse en el caso de las diferentes modalidades de violencia digital, que van desde memes, acoso, ciberbullying, hasta algunas más graves relacionadas con divulgaciones no autorizadas de la intimidad, “las mal llamadas porno venganzas”, en las cuales una agravante adicional es utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
Se cuenta con una Ley general de acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, y en el caso de la Ciudad de México la de Responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, con las que se puede proceder respecto a ciertas conductas.
Sin embargo, para el abogado digital Jaime Limón, en la práctica, otorgar justicia a las víctimas se vuelve un proceso complejo, ante el desconocimiento de las autoridades sobre cómo funciona el ciberespacio, con procesos civiles y penales que pueden llegar a tomar años y con corporaciones de policía cibernética a la que le falta sensibilidad.
“El legislador poco se ha metido a entender cómo es que funciona el ciberespacio para poder entender estas conductas, y no solamente castigarlas, sino prevenirlas; además, los abogados hemos olvidado acercarnos a verdaderos expertos, como podrían ser arquitectos web, diseñadores y desarrolladores web, expertos en telecomunicaciones, peritos en informática”.
Y es que aunque se recurra a las leyes, no se puede garantizar a las víctimas que con los procedimientos que siguen ante redes sociales o portales el contenido que agrede la intimidad se elimine por completo del internet, explicó.
Entrevistado por ConsumoTIC, aseguró que “parecería que ese contenido está destinado a vivir completamente en el ciberespacio y esto ha complicado muchísimo el que por lo menos los abogados nos metamos a este escenario de lenguajes complicados, de lenguajes violentos de redes sociales”.
Si bien el proceso para atacar la violencia digital es complicado, señaló que existen tres vías mediante las cuales se puede proceder: la penal que, por ejemplo, permite denunciar a quien sin autorización viole la intimidad y privacidad de una persona, uno de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.
La segunda, dijo, es la acción de daño moral, que se presenta ante tribunales civiles de cada una de las entidades. La víctima se presenta ante el juez y le expone el caso de la agresión contra la dignidad, reputación, honor o decoro. El juez junto con las pruebas que se aporten calcula una indemnización monetaria para reparar ese daño.
“Cuando tenemos bien identificado quién es el que nos está vulnerando en redes sociales o en el ciberespacio, se le puede demandar a través de este procedimiento”, y el juez podría ordenar que se elimine el contenido.
No obstante, “regresamos otra vez a este punto de que el hecho que se elimine de uno o dos espacios no significa que ese contenido dejará de existir en la web. Sin embargo, por lo menos deja una gran lección monetaria con cargo a personas que pueden llegar a estar vulnerando”.
La tercera vía, platicó, es una vía poco utilizada por los abogados, y se trata de acudir ante las propias plataformas de redes sociales, inclusive ante proveedores de servicios de internet, para solicitar que se elimine el contenido, aunque criticó que esta no sea muy utilizada porque los abogados obtienen poca ganancia de esto.
“Lo llegamos a sugerir sobre todo en los casos en los cuales se vuelve indispensable y urgente eliminar ese contenido y que implica un enorme acercamiento con las plataformas… la situación se resuelve en una o dos semanas máximo”.
Aún así, el abogado digital admitió que existen trabas desde que una víctima que es agredida en el ciberespacio acude ante las autoridades a presentar su denuncia, puesto que desestiman este tipo de violencia.
Por ello, Jaime Limón recalcó que el ciudadano o ciudadana debe recordar que si acude al Ministerio Público, es obligación del MP o del encargado de turno que tome su declaración, así sea por sólo un insulto que le hayan dicho, pues ellos no son juez para determinar si se cometió o no un delito.
“En uno de estos escenarios es si el MP no les toma la declaración, la víctima debe presentar inmediatamente una queja en el Órgano Interno de Control, y les puedo apostar que en menos de cuatro o cinco horas ya tienen levantada su acta ante el Ministerio Público”.
Criticó también que existan policías cibernéticas que les piden a las mujeres víctimas de violencia digital juntar otros casos para investigarlos todos juntos, por ello reconoció que existan movimientos como el de Olimpia Coral y la abogada Stephanie Valerio, porque “a la autoridad no le va quedar de otra más que escuchar a gritos lo que le duele hoy a la sociedad y empezar a tomar cartas en el asunto”.
C$T-GM
