En México no se ha tenido un avance claro sobre la disposición del T-MEC relacionada con identificar el alcance de la responsabilidad civil de las plataformas de Internet sobre el contenido de terceros que éstas alojan o procesan, un hecho que está afectando la viabilidad económica de estos actores del ecosistema digital que dependen de la interacción y el contenido del usuario.
Sissi de la Peña, Directora para México y centroamérica y gerente regional de Comercio Digital de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), recordó que en 2020 el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fue sumamente innovador al poner el foco en la importancia de la economía digital e incluir una disposición clave para su desarrollo: Delimitar la responsabilidad a las plataformas digitales por el contenido subido por terceros.
Y es que la integración de esta cláusula es sumamente relevante para impulsar el crecimiento de servicios innovadores por medios digitales, que propician el desarrollo de plataformas informáticas para favorecer la interacción entre usuarios.
Además, el contenido de esta disposición garantiza el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Constitución, al tiempo que se reconoce la prevalencia del marco legal nacional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Así, el T-MEC identifica las protecciones de responsabilidad de los intermediarios, al incorporar un texto que intenta delimitar la responsabilidad a las plataformas digitales por el contenido subido por terceros; sin embargo, es importante recordar que incluso durante la negociación del tratado, este fue un tema controversial, debido a que México no cuenta con legislación para regular este asunto específico.
Ante ello, el documento detalla de qué forma México cumplirá con lo establecido en esta disposición; por ejemplo, establece que contará con un periodo de tres años de transición después de la entrada en vigor del Tratado, con el propósito de emprender un trabajo interno en el gobierno mexicano para instrumentar la disposición.
“Esta cláusula en materia de responsabilidad de intermediarios indica que a partir de la entrada en vigor del TMEC, México tendrá tres años para homologar o armonizar la normativa en la materia para que con esto pueda dar cumplimiento a los compromisos que adquirió en el tratado”.
Sin embargo, esto no ha sucedido y aunque la Secretaría de Economía hizo una serie de mesas de trabajo, en la que estaban representados el INAI, el IFT y la coordinación de la Estrategia Digital Nacional e incluso se solicitó al sector privado algunas observaciones, la actividad se detuvo.
“Cuando se hizo el T-MEC era de los tratados más innovadores porque incluía esta cláusula, desgraciadamente no la hemos implementado. Mucho de lo que padecemos en este país es proponer cosas, hacer leyes pero no hay implementación, de nada sirve tener normas si no se cumplen”.
La falta de una base normativa clara se convierte en una barrera a la innovación tecnológica, el desarrollo del comercio digital, pero también tiene un importante impacto en el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión.
“Estamos dispuestos a seguir el diálogo, el caso es que no hemos visto mucho avance, y la Secretaría de Economía inclusive lo ha expresado en foros que, bajo su interpretación, México no tiene que atravesar ningún proceso de armonización y que puede estar bajo la interpretación de la SCJN, lo que nosotros hemos dicho es que no lo percibimos de esa forma, lo que hay aquí es una diferencia de opiniones”.
La falta de una base normativa clara se convierte en una barrera a la innovación tecnológica, el desarrollo del comercio digital, pero también tiene un importante impacto en el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión.
Para la especialista, un escenario positivo es que se avance en establecer normas claras, sobre todo en un contexto de crisis donde lo que necesita un país como México es que la economía vaya generando riqueza, empleos y desarrollo.
“Esto viene desde arriba, en México no tenemos una política pública en materia de digitalización, obviamente las dependencias no saben qué hacer y no quieren tomar riesgos porque no saben hasta dónde van sus atribuciones en materia digital y eso es porque no hay una visión clara”.
En opinión de la especialista, es necesario establecer un Estado de Derecho que le dé al sector privado la certeza jurídica, porque desde hace varios años está bajo constantes cambios que se generan al carecer de reglas claras, lo que también afecta a las inversiones.
“Si se tuviera un ambiente de negocios adecuado estaríamos haciendo frente a la inflación de manera mucho más acertada y con una buena política pública que afecta a muchos sectores y áreas, su impacto es exponencial”.
C$T-GM
