Reclaman usuarios daños por 400 mdp.
El robo o suplantación de identidad para realizar compras o transacciones financieras a través de las plataformas digitales es un delito que crece exponencialmente, pero inexplicablemente aún no está expresamente tipificado en la legislación financiera lo que genera graves pérdidas económicas a clientes e instituciones bancarias.
Tan sólo en 2016 este delito sumó un total de 52 mil 227 reclamaciones, con un crecimiento de 40 por ciento con relación al año precedente, mientras que al cierre del primer semestre de este año, ya se tenían acumuladas 39 mil 758 ante la Condusef y la Profeco que no cuentan con los instrumentos necesarios para tipificar y aplicar sanciones.
Es un delito que amparado en el anonimato crece sistemáticamente, por lo que se requiere de manera urgente adecuar el andamiaje jurídico para sancionarlo con normas penales que no dejen espacio a la impunidad”, señaló el senador Mario Delgado Carrillo.
Informó para atacar de frente esa conducta antisocial que en 2016 significó reclamos por más de 400 millones de pesos de usuarios de la banca electrónica, presentará la próxima semana una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para tipificar como delito especial el robo o suplantación de identidad en transacciones financieras digitales.
De acuerdo a la iniciativa que reforma el artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito, se sancionará con entre tres a nueve años de prisión y multa de 30 mil a 300 mil Unidades de Medida, a quienes valiéndose de cualquier medio electrónico o digital, suplante la identidad o personalidad de una entidad financiera o cliente de esos servicios con fines de fraude o extorsión.
La misma sanción se aplicará a quien otorgue su consentimiento para llevar a cabo la suplantación de identidad o empleados a funcionarios de las entidades financieras que incurran en complicidad u omitan las normas de verificación que acrediten la personalidad de los usuarios antes de autorizar cualquier transacción.
Mario Delgado subrayó que con esta ley se estará iniciando un ataque permanente a los delitos cibernéticos, en los que México registra un gran rezago, no obstante que el uso del internet y las plataformas digitales ya están presentes en 52.5 por ciento de la población.
Estaremos tipificando ese y otros delitos que se cometen en las redes para que los usuarios e instituciones cuenten con los mecanismos jurídicos para denunciar y perseguir a los ciberdelincuentes que han encontrado en las nuevas tecnologías su filón de oro para defraudar”, precisó el legislador.
La iniciativa de reforma será presentada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen y de no sufrir modificaciones podrá ser votada por el pleno en la sesión ordinaria del 14 de diciembre a fin que las sanciones apliquen a partir de 2018.
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