En la discusión sobre la legislación para dotar de seguridad social a las personas que trabajan a través de plataformas digitales, se debe “usar el bisturí y no el machete o la motosierra” y sobre todo, es necesario escuchar a todas las partes, con un pensamiento abierto que permita aplicar modelos de flexibilidad “para no matar la innovación”, advirtieron especialistas jurídicos y de temas digitales.
Durante el foro “Impacto de las plataformas en el marco del emprendedurismo digital en México”, convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Javier Marín Reyes especialista en Políticas Públicas del propio Instituto, destacó que se debe tener en cuenta que en justicia, tan malo es tratar igual a los desiguales como desigualmente a los iguales y por lo tanto se debe pensar en una legislación que equilibre la situación de los trabajadores.
Es importante que la ley que se está discutiendo, tome en cuenta el sector al que se está tratando de regular, porque según una encuesta de Buendía y Márquez, 58 por ciento de las personas que trabajan en plataformas lo considera una ocupación ocasional; 28 por ciento trabaja en ellas menos de 40 horas a la semana y sólo 14 por ciento labora más de 40 horas a la semana.
Sin embargo, la propuesta de legislación que está sobre la mesa, pretende aplicar la legislación tradicional a quienes en realidad están en un régimen flexible y por lo tanto, se trata de una iniciativa pensada en el 14 por ciento y no en el 86 por ciento restante, además de que contempla algunos artículos que se pueden considerar “riesgosos”.
“No tenemos que inventar el hilo negro, porque la ley del IMSS ya permite que trabajadores independientes se sumen a la seguridad social”; este tipo de esquemas se pueden explorar y aplicar, pues la iniciativa que se propone tiene algunos puntos delicados:
Por ejemplo, el artículo 291 A de la legislación propuesta señala que cualquier persona que desarrolle o desempeñe una actividad remunerada a través de plataforma podría ser considerada como trabajador con una relación tradicional, lo cual podría afectar a pequeños negocios que decidan digitalizar operaciones.
A su vez, Raúl Echevarría, director ejecutivo Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), destacó la importancia que las plataformas tienen en la economía de los países de América Latina, donde han contribuido a que mucha gente complemente su salario o logre una transición más llevadera a nuevos empleos, situación que seguirá en aumento conforme avanza la tecnología y donde muchas personas tendrán que reconvertir sus labores.
Para ellas una opción de continuar generando ingresos mientras transitan a nuevos empleos, son precisamente las plataformas de manera que, sin renunciar a la conquista histórica de la seguridad social en el empleo, es importante que la regulación del trabajo en las plataformas, “no mate la innovación”, porque claramente las cifras compartidas por Javier Marín, demuestran que este tipo de empleos no pueden regularse con esquemas propios de otra época y condiciones.
“Todos los involucrados deben de participar, porque es obvio que nadie tiene todas las respuestas”, señaló el director de ALAI y advirtió que existe buena disposición de las plataformas para el diálogo, circunstancia que se debe aprovechar para lograr los mejores acuerdos posibles.
En su oportunidad, Pablo Pruneda, cofundador de la Línea de Investigación en Derecho e Inteligencia Artificial (LIDIA) del IJJ, consideró positivo que hasta ahora la iniciativa para regular el empleo en las plataformas digitales no haya sido presentada, “quiero pensar porque ahora sí estamos haciendo un diálogo”.
Desde LIDIA, “impulsamos una perspectiva interdisciplinaria con legisladores, dueños de las plataformas, industria, desarrolladores de tecnología –que están viendo cómo competir, como mejorar el modelo—y también los repartidores y conductores que son los beneficiados o afectados, la academia (donde se propone una discusión objetiva y de buena fe) y la sociedad civil”.
Lo importante es partir de un diagnóstico correcto y bien informado, para generar una regulación que resuelva el modelo de negocio y que genere las condiciones adecuadas para los repartidores y conductores, porque “el objetivo es loable, pero hay que saber cómo alcanzarlo”, porque por ejemplo, en España, se aplicó la legislación del trabajo tradicional, y entonces prácticamente desaparecieron las plataformas.
De hecho, advirtió que una de las deficiencias de esta propuesta es que las plataformas deben incluir en los contratos individuales los algoritmos que emplean para su modelo de negocio, lo cual no solo es materialmente imposible, por el enorme número de códigos que se deberían reproducir, sino porque precisamente su competitividad se basa en ello y publicarlos en contratos individuales podría implicar conflictos de espionaje industrial.
En todo caso, el diálogo entre las partes es la clave y encontrar modelos flexibles para un modelo de trabajo flexible que ya demostró su eficiencia por ejemplo en la pandemia.
Otro de los aspectos importantes es considerar que cada repartidor puede estar en varias plataformas a la vez; por lo tanto, la legislación debe tomar en cuenta esta particularidad para lograr los mecanismos más eficientes, sin perder de vista las implicaciones fiscales de las plataformas, pues según el SAT, desde el 2020 a la fecha, los trabajadores de las plataformas han aportado mil millones de pesos a la Hacienda Pública.
C$T-GM
