En un entorno mundial donde las violaciones a la seguridad de los datos personales podrían significar un perjuicio de 5 mil millones de dólares hacia 2024, es indispensable tener en cuenta que tecnologías como la inteligencia artificial y el big data pueden representar ventajas en los servicios públicos, pero también suponen riesgos importantes para la humanidad que se deben prever a través de regulaciones nacionales e internacionales.
Tales son las coincidencias que expusieron los participantes de la primera mesa de trabajo del Seminario de Derecho Administrativo en la Cuarta Revolución Industrial, convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde se estableció que el big data, como herramienta de gobierno, puede acercar y mejorar los servicios hacia los ciudadanos, pero no está exenta riesgos.
Al respecto, Belén Andrés Segovia, especialista en derecho digital por la Universitat Jaume de España, señaló que la información es cada día más valiosa y prueba de ello es la abierta guerra entre Estados Unidos y China por saber quiénes son los primeros en el control del big data y la inteligencia artificial. Ambas potencias compiten por lograr que terceros países se sumen a su causa y en el camino, Europa está pensando en constituirse como una tercera fuerza en esa lucha.
Al participar de manera remota en el seminario, señaló que el big data, con su capacidad para manejar enormes volúmenes de datos, es una gran herramienta para empoderar a la ciudadanía al facilitar muchos trámites de gobierno, pero no está exenta de peligros como la filtración de datos personales y por eso, incluso algunas de las empresas que lo desarrollan han llamado a hacer una pausa para estudiar cómo hacerlo más seguro.
Igualmente, la inteligencia artificial puede implicar riesgos, especialmente que en su accionar, repita algunas conductas discriminatorias y puede actuar de forma autónoma incorrectamente, como fue el caso de un chatbot que se puso a prueba en España y como no se le había dotado con todas las respuestas posibles, cuando empezó a tener carencias, la gente se enojó, las personas lo empezaron a insultar y el chat insultó a su vez a los usuarios.
En su oportunidad, Myriam Padilla Espinosa, directora de seguridad de datos personales del sector privado en el INAI, recordó que los datos se han vuelto tan valiosos, que ya se les llama “el nuevo petróleo” y por lo tanto debemos ser más cuidadosos con la información que compartimos.
Desde luego, tanto el big data como la inteligencia artificial pueden y deben ser usados en el servicio público a favor de los ciudadanos, pero se corren riesgos como que alguien pueda ser víctima de discriminación y prejuicios, cuyas vulneraciones podrían “afectar de por vida” y por eso es importante establecer la obligación de reparación del daño en ese tipo de casos.
Otros riesgos son que haya sesgos en la información, que se llegue a conclusiones equivocadas a partir de datos incompletos o desactualizados; que la vigilancia en las ciudades se vuelva invasiva a la intimidad; que no se garantice seguridad tecnológica; se haga uso indebido de datos; se robe la información de las personas, entre otros.
De ahí que desde el 2014 la Asamblea Global de Privacidad, que reúne a 130 autoridades nacionales de protección de datos haya emitido recomendaciones en materia de avisos de privacidad, transparencia, consentimiento informado y voluntario, limitación de cantidad y tipo de datos que se deben proporcionar, medidas de seguridad para evitar accesos no autorizados, disociación de datos (que el dato no se pueda asociar a una persona), rendición de cuentas y cifrado de datos en el tránsito y almacenamiento.
A su vez, Lucía Ojeda Cárdenas, académica del ITAM y especialista en competencia económica, dijo que la cantidad de datos que circula por el mundo, podría llegar a 180 zetabytes para 2025, y el big data tiene la capacidad de agregar valor a esa información, al combinarla para distintos fines.
En todo caso, eso implica un enorme reto de protección de información, habida cuenta que el servicio público en sus tres niveles utiliza información para temas como salud, seguridad, programas sociales, registros fiscales, misma que puede ser útil para proveedores, compras e incluso supervisión, regulación y prestación de servicios públicos, lo cual exige empoderar al ciudadano, garantizar transparencia y rendición de cuentas en un criterio democratizador.
Por otro lado, el big data genera nuevos modelos de negocio y las plataformas privadas sacan valor a la información, pero existe una legítima preocupación por la competencia económica, pues gigantes tecnológicos como Google, Microsoft y Meta, que manejan grandes volúmenes de información, tienen mayor capacidad para obtener beneficios de la información, además de que no comparten la información con otros competidores y estos últimos son incapaces de disputar esos mercados.
Al participar en la misma mesa, Alfredo Delgadillo López, profesor de derecho digital y miembro de la Academia Mexicana de Derecho Informático señaló que la vulneración de datos no es nada nuevo y prueba de ello es que ya en 2019 se tenían documentadas 7 mil violaciones de seguridad a nivel global, que expusieron 15 mil millones de registros.
De ahí que el Panel de Alto Nivel sobre Cooperación Digital de la ONU, estableció una Hoja de Ruta para obtener los mayores beneficios de los datos como herramienta para mejorar los servicios públicos y mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía en lo individual, pero garantizando su seguridad, “porque la protección de datos no mantiene el ritmo de avance de la piratería y la cierdelincuencia”.
De ahí que hagan falta más abogados conocedores del tema, para generar reglamentaciones más eficaces y que la tecnología no pierda nunca su sentido de servir a la sociedad, pues no olvidemos que se trata de un medio y no de un fin.
C$T-GM
