México con más restricciones de contenidos digitales.
Expertos coinciden en la necesidad de establecer un diálogo amplio y abierto antes de aprobar cualquier regulación sobre las redes sociales, pero también alertan sobre el riesgo de incurrir en excesos que limiten o coarten libertades, lo que exige encontrar equilibrios para garantizar transparencia a los usuarios.
En el encuentro virtual sobre Moderación de contenidos y libertad de expresión de los usuarios de redes sociales, Seminario II, Gustavo Gómez, director del Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia (Observacom), enfatizó que una clave sobre el tema es que cualquiera de las iniciativas debería redundar en el empoderamiento de los usuarios para que tomen sus propias decisiones.
En el encuentro virtual organizado por la Unesco México, el diputado Javier Hidalgo dijo que la sociedad digital global vive con vacíos serios en la regulación y en el caso de México con un marco jurídico desactualizado. Por ello, es legítimo todo marco que busque regular los bienes y servicios que se ofrecen en las plataformas digitales, tal y como lo plantea en su iniciativa de Ley Federal de Protección al Usuario Digital.
El senador Ricardo Monreal al referirse a su iniciativa, la cual aún no presenta oficialmente al Congreso, manifestó la preocupación sobre la difusión de mensajes de odio, incitación a la violencia o desinformación, porque esto “erosiona la confianza de las instituciones y en los medios, al mismo tiempo afecta a nuestras democracias al obstaculizar las capacidades de los ciudadanos para tomar decisiones informadas”.
“Soy de los que piensa que no podemos confiarnos en que las empresas privadas sean las únicas que se autorregulen, sean las únicas que decidan qué contenido eliminar y qué usuario o cuenta de usuario eliminar. Es un tema que no podemos desestimar, ni evadir, y mucho menos eliminar del debate público”.
Scott Campbel, Oficial de Tecnología y Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, enfatizó que “los estados pueden y deben exigir una transparencia total a las empresas en relación con la forma en que seleccionan, moderan contenido y comparten información con otros, pero los Estados también deben ser mucho más transparentes sobre sus propias solicitudes a las plataformas”.
En este sentido, Priscilla Ruiz, coordinadora legal de Derechos Digitales de Artículo 19, refirió que de acuerdo con un análisis del primer semestre de 2020, el Informe de Transparencia de Facebook, mostró que México es uno de los 10 países que constantemente solicitan remociones de contenidos relacionados con solicitudes de datos de usuarios. Además, se ubica en primer lugar a nivel mundial sobre restricciones de contenidos en esta plataforma digital.
En sus reportes de transparencia conjuntos, Twitter, Facebook y Google, señalaron que recibieron 38 mil 651 solicitudes de eliminación y remoción de contenido por parte de las instituciones gubernamentales entre 2017 y 2020.
“Sin embargo, cuando les preguntamos a la Federación y las entidades cuántas solicitudes habían hecho solamente 16 estados reconocieron haber presentado mil 697 solicitudes de remoción durante ese perIodo. Con ello hemos identificado que existe un desfase en la información proporcionada por el Estado equivalente al 95.6 6 por ciento”.
La especialista recalcó que “si bien los riesgos para los derechos humanos en el entorno digital exigen la atención y contribución de las plataformas digitales, responsabilizarlas por las narrativas existentes en sus espacios es tanto innecesario como contrario a los estándares internacionales”, que buscan que internet permanezca libre, abierto e incluyente, lejos de las manos del Estado.
Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) comentó que las plataformas funcionan para organizar la información, esa es su función, la internet no es propiedad del Estado tampoco de las empresas, y “prohibir o impedir el acceso a internet se considera una violación grave de los derechos humanos”.
Cynthia Solís, en representación de la organización Internet Society (ISOC) capítulo México, se pronunció porque se realicen investigaciones y estudios profundos sobre los pro y contras de una regulación, que entienda la naturaleza de internet y las redes sociales.
“Nos preocupa que el enfoque que se les está dando sea sesgado y limitado, porque se estaría rompiendo uno de los eslabones más importantes, que es la democratización de las herramientas digitales”.
Para el ISOC capítulo México, el análisis respecto a la regulación de las redes sociales en línea es aún muy joven, y por ello hace mucha falta analizar las probables consecuencias no sólo para el usuario sino para el acceso a la información de la sociedad.
C$T-EVP