Exigen deseche propuesta legislativa en su totalidad.
Este jueves 11 de febrero la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados podría aprobar una reforma constitucional en materia de ciberseguridad, que de concretarse representaría una grave amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la privacidad de las personas usuarias de internet en México.
En un pronunciamiento firmado por Article 19 Oficina para México y Centroamérica, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, CEIICH UNAM Y Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, se argumenta que a pesar que la iniciativa impulsada por el diputado Javier Salinas Narváez, puede percibirse inocua a simple vista, en la exposición de motivos se insiste repetidamente en que lo que se interprete como “ciberacoso”, “ciberataques”, “ciberespionaje”, “ciberbullying”, “cibergrooming”, “sexting”, “robo de identidad”, “campañas de desinformación” y “fake news” será considerado como asunto de seguridad nacional y, por lo tanto, serán conductas perseguidas y sancionadas como tal.
“La ambigüedad y amplitud de lo que se considera como conductas que atentan contra la seguridad nacional impediría tener claridad y certeza sobre los alcances, contenido y limitantes del ejercicio de poder y restricción del Estado hacia los derechos y libertades de la sociedad. Por ejemplo, el texto trata como sinónimos al robo de identidad y a la suplantación de identidad (o perfiles), y vincula este último con la dispersión de fake news”.
El documento señala que bajo esta noción, cualquier parodia de cuentas, incluso aquellas que tengan como finalidad manifestar una crítica al Estado o visibilizar asuntos de interés público, pueden ser censuradas y castigadas (como, por ejemplo, cuentas parodia de alguna figura pública, con memes, podrían estar sujetas a eliminarse de Internet y considerarse asunto de seguridad nacional).
“Lo anterior significa que, en principio, no hay certeza de los temas que pueden o no ser legislados por el Congreso de Unión, ni que las legislaciones futuras en la materia no sean desproporcionadas, inconstitucionales o contrarias a estándares internacionales de derechos humanos”.
Desde la perspectiva de los firmantes, la iniciativa registra deficiencias conceptuales por considerar que se necesitan crear nuevos tipos penales y marcos regulatorios para conductas que ya están penadas, pero que se realizan históricamente en el ámbito físico y no en el digital. Es decir, ya existen los delitos de extorsión, amenaza, abuso sexual, acoso, por mencionar algunos, los cuales presentan agravantes cuando se realizan en contra de menores de edad y otras poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.
En vez de incluir a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como medios de comisión del delito, la iniciativa determina que se necesitan crear nuevos tipos penales para las mismas conductas; además, desconoce que existen marcos protectores a los datos personales que son igualmente aplicables si los datos son obtenidos, procesados, remitidos, o tratados por la vía física o digital, por lo que no se necesita una nueva legislación al respecto.
Resulta preocupante que esta propuesta se sume a aquellas presentadas en 2019 y 2020, las cuales coincidían en intentar crear múltiples tipos penales que terminarían por criminalizar a las expresiones en línea y a los usos legítimos y cotidianos de las TIC. Al igual que ellas, señala el comunicado, esta nueva iniciativa plantea una amenaza a la actividad de investigadoras/es de seguridad y a las personas que se manifiestan, critican y protestan en el entorno digital.
“En virtud de lo anterior, exigimos se deseche la propuesta en su totalidad. Además, reiteramos imprescindible que la Cámara de Diputados instaure un procedimiento de parlamento abierto con participación multisectorial ─incluída la sociedad civil─ para asegurar una discusión seria y con conocimiento en materia de ciberseguridad, la cual respete los derechos humanos y contribuya a proteger la infraestructura de seguridad cibernética en México”.
