Buscarán mayor participación de Pymes
Una de las apuestas más importantes de la presente administración es garantizar a la población comunicación y conectividad; sin embargo, existen otros temas relevantes que en forma paralela el gobierno busca resolver como disminuir la elevada terciarización de los servicios informáticos, así como la “enorme” concentración” que hay entre unos pocos proveedores de equipo y servicios de Tecnologías de la Información (TI).
“El presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene la intención de que en este sexenio, de hecho antes de la mitad del sexenio, se tenga al territorio nacional comunicado, y hablo del territorio y no de la población porque, casi siempre se habla de las personas comunicadas y dejamos a un 20 por ciento, donde habitan millones de mexicanos que están completamente asilados de toda comunicación”, precisó Raymundo Artís Espriú, coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República.
Al margen de la Ley de Austeridad con la que inició este gobierno, indicó, existen otras razones por las cuales se arranca con limitaciones en la compra de algunos insumos, como es la “enorme” concentración del abasto de insumos informáticos en un número muy pequeño de empresas, lo que genera una doble dependencia”, una de carácter tecnológica y otra funcional porque el gobierno está “amarrado a una serie de contratos”.
“Primero tenemos que aprender y conocer con detalle toda esta red de contratos ya establecidos, y segundo cuánto de este modelo de abasto es funcional y hasta dónde realmente puede ser útil para los fines de trabajo y desarrollo que tiene planeado la presente administración”.
En el contexto de la 14º IDC Cumbre de Gobierno y Tecnología 2019, el funcionario destacó la apuesta firme del presente gobierno para crear la infraestructura necesaria para que la comunicación y conectividad se extienda a todo el territorio nacional, lo cual aunque no es complicado desde el punto de vista técnico, sí resulta difícil desde la parte financiera.
Ante representantes de la industria de las Tecnologías de la Información (TI) explicó que la inclusión digital plasmada en la Constitución como un derecho de los ciudadanos, al igual que el derecho a la salud universal y la educación de calidad, hasta ahora son incumplidos, por lo que esta administración buscará que este mandato sea realmente cubierto en un tiempo relativamente pequeño.
Artís Espriu indicó que al margen de ser un derecho constitucional, desarrollar un sistema eficiente de comunicación y conectividad en el país es indispensable para dispersar con eficiencia los recursos de los programas sociales del gobierno, para que lleguen directamente a los beneficiarios, sin intermediarios; para lo cual es imprescindible contar con un sistema financiero que llegue a todos los rincones del país, y en forma paralela resolver la inclusión financiera.
Al dar salida al tema de la conectividad digital, explicó, los temas de salud y educación cambiarán radicalmente porque las posibilidades de la comunicación remota son mucho más eficientes y garantizan una mayor cobertura, por ello es imprescindible garantizar las condiciones necesarias para el despliegue de infraestructura de Telecomunicaciones.
También resulta crucial, añadió, reconstruir todo el capital humano que operaba mucho del aparato gubernamental, y que en los últimos años se deterioró por la tendencia de terciarizar los servicios de las Tecnologías de la Información (TI).
“Esos servicios han descansado en proveedores que abastecían todo, es decir, estudios, decidían qué tecnología se debía escoger, incluso todos los trabajos que eran competencia de las áreas técnicas del gobierno, tal como sucedió en Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad”.
El nivel técnico de las personas con cargos en el gobierno empezó a ser desplazada y poco funcional en el manejo de los contratos, bajo el argumento de existencia de “corrupción, aunque algunos fueron sustituidos por funcionarios iguales”, que relegaron muchas de la responsabilidad que tenían al frente de las áreas técnicas en la administración pública, dejándola bajo criterio de terceros.
Eso explica por qué empezaron a surgir numerosas empresas que hacían el trabajo técnico al gobierno, desde la planeación misma de las necesidades hasta el detalle exacto de los procesos, lo cual generó un crecimiento desmedido del aparato burocrático y dejando a salvo a los funcionarios de su responsabilidad.
Otro aspecto que el presente gobierno cambiará será la contratación de servicios de las empresas de software, para garantizar una mayor competencia y una mayor participación de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) de forma que se puedan realizar desarrollos rápidos y efectivos.
“Es responsabilidad de las instituciones tener muy claros los proyectos, bien elaborados y aterrizamos para que ofrezcan resultados en su automatización, lo que llevará cierto tiempo poder concretar en todas las dependencias del gobierno.
A lo largo de estos años, se han puesto en marcha diferentes sistemas, algunos han tardado tiempo en ser funcionales y otros nunca lo lograron, por lo cual se decidió abandonarlos; cuando se revisa cuánto de lo hecho opera y cuánto nunca lo hizo, resulta sorprendente que son más los casos que dejaron de utilizarse, que los que los que operan a la fecha.
En lo sucesivo, una de las características que deberá ofrecer cualquier sistema es que sea “adaptable y tener posibilidad de ser actualizado en cierta medida”, pues su utilidad llega a tener límites, aún más si se considera que hay fabricantes que integran en sus equipos la obsolescencia programada, eso es otra de las estrategias que se está integrando en la Estrategia Digital Nacional.
Finalmente precisó que la compartición de información y de código entre las dependencias de gobierno es una obligación, pues una de las características que se busca es implementar una comunicación transversal entre la informática de todas las instituciones gubernamentales, tal es el caso del control de gestión que será uno solo para todo el gobierno.
C$T-EVP
