En gran parte debido al desconocimiento en el uso de herramientas digitales, los adultos mayores se han convertido en un grupo vulnerable a fraudes, por lo que mediante una reforma presentada en la Cámara de Diputados se pretende que las instituciones financieras brinden orientación vía presencial o remota a este sector de la población.
Según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), de 2015 a 2020 el porcentaje de personas adultas que usan la banca electrónica se incrementó de 7.0 a 15 por ciento, lo que significó un crecimiento de 7.5 millones de personas.
No obstante el incremento en el uso de herramientas tecnológicas como internet y smartphones en la población en general, los adultos mayores siguen presentando dificultades, pues sólo 37.5 por ciento de los que tienen 55 años y más accede a internet a través de algún dispositivo, a lo que se suma la brecha de habilidades digitales.
Las personas de 60 años y más, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), representaron sólo 5.0 por ciento del total de usuarios que usaron la banca electrónica en 2020.
Las Naciones Unidas estiman que para 2050 las personas mayores de 60 años representarán aproximadamente una cuarta parte de toda la población de América Latina, región que ya ha iniciado un proceso de envejecimiento sostenido, lo que implica el impulso de políticas públicas que se traduzcan en oportunidades de inclusión.
La iniciativa impulsada por la diputada Gabriela Sodi Miranda, remitida a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, Comercio y Competitividad, propone adicionar el artículo 59 Bis 2 a la Ley Federal de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) brinde atención preferente a ese sector de la población.
También adiciona el artículo 7 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) supervise que los proveedores cuenten con protocolos y personal especializado, por vía remota y presencial, para que proporcionen información, brinde atención preferente y genere mecanismos para la protección de sus derechos.
En la argumentación de su propuesta, la legisladora señaló que los problemas y violaciones a los derechos que padecen las personas adultas mayores derivan de conversaciones telefónicas o visitas en las instituciones que no toman en consideración sus características particulares y además no cuentan con personal capacitado para atenderlas.
Sin embargo, recalcó, el Estado debe garantizar las condiciones óptimas y establecer programas para asegurar que todos los trabajadores y trabajadoras de instituciones públicas y privadas cuenten con protocolos, infraestructura, mobiliario y recursos humanos para la atención de ese grupo vulnerable.
Uno de los mayores reclamos que hicieron estas personas, de entre las 24 mil 436 quejas que presentaron en la Condusef contra la banca múltiple, fue el relacionado con problemas de calidad del servicio en telecomunicaciones, lo que viola la Ley Federal de Protección al Consumidor, manifestó.
De ese total de reclamaciones, 64.7 por ciento están relacionadas con un posible fraude y 25.8 por ciento con estafa virtual; además, entre los motivos, 40.6 por ciento refirió consumos no reconocidos, 8.6 por ciento cargos no reconocidos, 8.1 por transferencia electrónica no reconocida.
Es por ello que para la legisladora es necesario generar políticas públicas que permitan garantizar los derechos de las personas adultas mayores al asistir a instituciones financieras, toda vez que se han convertido en blanco preferido de defraudadores, al ser un grupo etario aislado de las tecnologías digitales.
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