Para “establecer un marco regulatorio integral para la seguridad y confianza en el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en México”, la senadora del PVEM, Alejandra Lagunes, presentó una iniciativa para crear la Ley Federal de Ciberseguridad y Confianza Digital, así como reformar y adicionar varias disposiciones en materia de delitos cibernéticos.
El documento presentado ante el Senado de la República, es producto de un trabajo colaborativo, multisectorial y multidisciplinario, que se llevó a cabo en diversas sesiones de trabajo con la participación de expertos provenientes de diversos sectores, incluyendo la sociedad civil, la comunidad científica, organismos autónomos y la academia, detalla la legisladora en la iniciativa.
Entre otros participantes en este trabajo colaborativo destacan Elizabeth Tenorio Reyes; Ernesto Ibarra Sánchez; Héctor Cortés; Israel Cedillo Lazcano; José Luis Ponce López; Orlando Pérez Gárate; Oscar Castillo; Pablo Corona Fraga y Víctor Lagunes, por mencionar algunos.
El documento subraya que en México, la legislación actual en materia de ciberseguridad se caracteriza por ser fragmentada y no responder a las necesidades y desafíos del mundo digital actual.
“No existe una ley general que armonice y fortalezca el marco legal en este ámbito, por lo que la creación de una Ley Federal de Ciberseguridad y Confianza Digital representa un paso fundamental para proteger a México de las amenazas digitales y garantizar el desarrollo de una economía digital segura y confiable”.
De ahí que esta propuesta, incluya la creación de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad que integre y abarque temas como prevención, detección, respuesta y recuperación, con la participación de todos los sectores.
La Estrategia debe enfocarse en la identificación de riesgos, desarrollo de capacidades; cultura de ciberseguridad y cooperación internacional, acompañado de políticas públicas para la gestión del riesgo y la promoción de la confianza digital con un marco legal robusto, esquemas de certificación; programas de educación y concientización e incentivos para la inversión.
La iniciativa propone crear un Sistema Nacional para la Ciberseguridad y Confianza Digital conformado por un Consejo Nacional de Ciberseguridad; una Comisión Consultiva de Ciberseguridad y un Instituto Nacional de Innovación y Formación en Tecnologías Digitales y Ciberseguridad.
Esta propuesta de Ley está integrada por 110 artículos, además de proponer reformas a 15 artículos del Código Penal Federal y la adición de siete artículos más a ese mismo Código, e incorpora un marco regulatorio que pretende garantizar derechos a la privacidad digital, libertad de expresión, seguridad digital y acceso universal a internet; así como las obligaciones de respeto a los derechos de autor, uso responsable del internet, protección de datos personales, colaboración en la prevención de delitos cibernéticos y protección de niños, niñas y adolescentes.
También incluye criterios para el combate al ciberdelito; protección a la seguridad nacional; fomento a la confianza digital; prevención de campañas de desinformación; uso ético de las tecnologías emergentes; y educación, capacitación y cultura digital.
La presente iniciativa es independiente a la presentada en abril del año pasado, por el entonces diputado del Partido Verde, Javier López Casarín, la cual hasta el momento no ha sido dictaminada ni discutida, pero si duramente criticada por la propuesta de que la Secretaría de la Defensa Nacional realizaría labores de control sobre temas digitales.
La Ley Federal de Ciberseguridad y Confianza Digital se suma a las numerosas iniciativas en materia de ciberseguridad presentadas en el Congreso, si bien ésta promete ser más amplia y abordar el tema de manera integral.
“En los próximos años el uso de las TIC se intensificará en todos los ámbitos de la vida pública y privada de las personas y comunidades. Con ello, también incrementará las amenazas digitales, y el número y naturaleza de los ciberdelitos”, subraya el documento.
Por ello resulta necesario actualizar el marco legal de México, así como implementar programas permanentes de capacitación para las autoridades encargadas de la impartición y procuración de justicia.
Alejandra Lagunes, que ha trabajado en los últimos años los temas relacionados con las TIC, advirtió en la exposición de motivos de su propuesta, que “la delincuencia organizada ha aprovechado rápidamente las oportunidades que ofrece el Internet, en particular el crecimiento del comercio electrónico y la banca en línea” para cometer numerosos ilícitos.
Los grupos delictivos especializados se dirigen a individuos, pequeñas empresas y grandes redes corporativas para sustraer información personal de forma masiva a fin de aprovechar los datos sensibles que tienen a su disposición.
Por eso, la legislación en materia de delitos cibernéticos, “debe articularse de forma que sea tecnológicamente neutral y flexible para responder a la evolución constante del crimen y la tecnología, para garantizar el Estado de Derecho y los derechos humanos, y estar armonizada con las leyes de otros países con miras a una cooperación internacional”.
Además, recordó que la ciberdelincuencia constituye un alto riesgo transnacional que por su naturaleza e inmediatez, así como por la asimetría que hay en capacidades técnicas y humanas para prevenirlos, investigarlos, mitigar su impacto, perseguirlos y sancionarlos debidamente, representa “serios obstáculos para responder eficazmente a estas amenazas”.
C$T-GM
