Sólo el 18 por ciento de los países de América Latina y el Caribe cuentan con estrategias o políticas públicas en vigor en materia de Inteligencia Artificial (IA), además de que persisten brechas importantes respecto a la madurez de la industria tecnológica, las capacidades de inversión, desarrollo de talento, uso de datos para la creación de valor social, económico y público y la falta de desarrollo de infraestructura digital.
En ese sentido, antes de diseñar políticas públicas y estrategias en la materia, los Estados deben tener una visión de mediano y largo plazo basada en un diagnóstico realista de su situación actual y diseñar un plan de acción que incluya recursos, responsabilidades y los mecanismos de seguimiento y monitoreo, recomienda el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
En su Guía práctica, Diseño de políticas públicas de Inteligencia Artificial, desarrollo de habilitadores para su implementación en América Latina y el Caribe, el CAF reconoce la tremenda heterogeneidad que prevalece en la región, sobre el conocimiento, desarrollo y políticas públicas aplicables a esta tecnología disruptiva y ofrece recomendaciones a los países sobre cómo diseñar el marco institucional adecuado.
Destaca la planeación como elemento central para el diseño de políticas públicas en la materia, incluyendo identificar las instituciones que deberán liderar el proceso; establecer canales de articulación interinstitucional, definir la motivación de las estrategias de IA; Mantener un enfoque propositivo y prospectivo; definir una estrategia de participación inclusiva; definir los recursos disponibles y los marcos jurídicos, además de analizar experiencias participativas.
El documento indica que esta tecnología disruptiva puede traer enormes beneficios para la sociedad, pero al mismo tiempo, implica riesgos por los posibles sesgos que pudieran cometerse en el desarrollo de los algoritmos, los cuales pueden profundizar las ya de por sí importantes brechas que prevalecen al interior de cada uno de los países y en la región en general.
En ese sentido, la Guía Práctica enfatiza la necesidad de tener diagnósticos precisos para definir las acciones de política pública en la materia, analizando el grado de madurez y el estado de avance de la tecnología por país; y usar la herramienta de árbol de problemática para definir con más detalle la realidad a la que la nación se enfrenta.
Detalla que el plan de acción debe incluir no sólo los objetivos, sino los mecanismos de seguimiento y la creación de compromisos cumplibles, para lo cual es importante utilizar los criterios SMARTER para la formulación de los objetivos; establecer indicadores específicos y emplear mecanismos de reporte de avance para monitorear los progresos de la política pública y, en su caso, corregir lo necesario.
Es importante también tener garantía de que habrá financiamiento de largo plazo para la ejecución de la política pública, estableciendo en los presupuestos generales de cada país una partida específica e idealmente, contar con apoyo de diversas fuentes para garantizar la continuidad.
También se recomienda que la estrategia de IA se establezca a partir de las oportunidades y necesidades nacionales con ámbitos de aplicación bien definidos, mecanismos de gobernanza; una institucionalidad pública cercana al centro de gobierno; considerar habilitadores de infraestructura y datos; poner énfasis en el talento y el futuro del trabajo; tener en cuenta la importancia de las inversiones e incorporar criterios éticos en todo el trabajo.
El apoyo del alto nivel político es una “condición necesaria para avanzar en el diseño e implementación de políticas públicas de IA”, destaca la Guía, que también enfatiza la necesidad de una visión de mediano y largo plazo para la sostenibilidad de las estrategias de IA, donde las políticas públicas en esta materia se deben alinear con el resto de las estrategias de desarrollo en otras materias.
Ello, con el fin de conservar consistencia y coherencia, entendiendo que la IA es quizá una de las tecnologías más transversales a la que nos enfrentamos y que puede incidir en servicios públicos, salud, educación, servicios financieros, democratización del conocimiento y en la relación cotidiana del gobierno con sus ciudadanos.
“Los arreglos institucionales para la IA pueden enviar un mensaje de compromiso del alto nivel político en la medida en que se ubiquen cerca del centro de gobierno y posean una alta influencia. Por último, la habilitación de instancias inclusivas, multidisciplinarias y multiactor puede contribuir a la gobernanza ética de dicha tecnología”, detalla la Guía, que también incluye recomendaciones en materias de regulación, ética, desarrollo de talento y datos.
Sobre este último tema, el documento señala que estos representan uno de los habilitadores más importantes para el desarrollo y uso ético y responsable de la IA, pues inciden directamente en la calidad de la información que se utiliza para entrenar y operar estos sistemas tecnológicos.
“Si bien la gran mayoría de países de América Latina y unos pocos en el Caribe han desarrollado iniciativas en torno a los datos abiertos del Estado, incluida la habilitación de portales de datos abiertos, aún existe un gran potencial sin explotar en lo que respecta a los datos en poder de otros sectores”.
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