Sin importar si la digitalización era una tendencia inevitable que se ha acelerado o si se detendrá una vez que la crisis sanitaria haya pasado en su totalidad, expertos coincidieron en que es importante que el Estado mexicano revise la situación y desafíos de su política digital, de la necesidad de una estrategia nacional de ciberseguridad, pensando en el impacto de las nuevas tecnologías en la configuración económica y social global.
“México requiere diseñar e implementar políticas que favorezcan el desarrollo de la ciencia y la tecnología, garanticen el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y fortalezcan las capacidades digitales de la población”, destacó el documento “La política digital en México. Derechos, ciudadanía y gobierno”, del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República
Ante la aceleración hacia una sociedad digital, a raíz de la pandemia por COVID-19. Rodrigo Ávila Barreiro e Itzkuauhtli Zamora Saenz, dos de los expertos que participaron en la elaboración del texto, advirtieron que hay varios pendientes para la política digital de México.
El abordaje propuesto, expusieron, da por sentado la necesidad de construir y ampliar la infraestructura de la red digital, además de subrayar aspectos como la brecha digital, el campo de derechos que ha emergido con la revolución digital, la inserción de México en la nueva economía digital, lo que deben hacer los gobiernos para mejorar y ampliar sus servicios, los retos crecientes de los ataques digitales a la seguridad nacional, entre otros.
“Independientemente del futuro del entorno digital cuando concluya la pandemia, es un hecho que hoy ocupa un papel cada vez más central en la economía, la educación, el entretenimiento y en las propias tareas del gobierno”.
Además, destacaron que los mexicanos están empezando a vivir la transición de la tecnología 4G a la 5G, con todas las implicaciones que esto tiene para el desarrollo digital en distintas áreas como el Internet de las Cosas (IoT), Inteligencia Artificial (IA), Blockchain y la ciberseguridad.
En su participación, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal destacó que la propuesta de análisis de este documento considera que, en contextos democráticos, la política digital se traduce en esquemas de regulación pública de los espacios digitales con respeto a los derechos humanos fundamentales.
El senador advirtió asimismo un reto para garantizar que las políticas de uso de los espacios digitales privados estén en armonía con el marco constitucional y tratados internacionales asumidos por México, al estar los espacios digitales en manos privadas.
“Esto crea ambigüedades jurídicas respecto a la salvaguarda de derechos fundamentales que no permiten establecer con claridad la responsabilidad de las entidades privadas sobre la vulneración de tales garantías”.
En ese sentido, tras recordar casos relacionados con campañas políticas en redes como Twitter, Ávila Barreiro y Zamora Saenz reconocieron que alcanzar una regulación dentro de un marco democrático no es una tarea sencilla, y que la salida intermedia quizá tenga que ver con un equilibrio entre la autorregulación corporativa y la regulación gubernamental.
El capítulo “Estrategias nacionales de ciberseguridad en Latinoamérica y el Caribe”, de Alejandro Pisanty, enfatiza a este elemento como una necesidad imperiosa, pues “los activos más importantes de la sociedad son digitales, o dependen del ciberespacio para su gestión, aprovechamiento y defensa”.
“En México se requiere un esfuerzo especial para formular una estrategia de ciberseguridad clara, participativa, integral, transparente, abierta al mundo sin perjuicio de la seguridad nacional y que pueda ser llevada a la acción, vigilada y renovada a través de ciclos sucesivos de evaluación y retroalimentación”.
La creación de esa estrategia, recalcó, será más eficaz si reúne a todos los actores relevantes, se produce a través de procesos de consulta efectivos, logra acuerdos entre los actores clave y concita voluntades de todos los actores.
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