Marcos normativos dificultan soluciones innovadoras.
En América Latina y El Caribe, los países que han invertido de manera constante en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) y que cuentan con ecosistemas de emprendimiento más maduros, generando mayores capacidades a lo largo del tiempo, han reaccionado de forma más ágil y sofisticada a los desafíos sanitarios que impone la pandemia del COVID-19-
“Los países que habían promovido iniciativas de transformación digital empresarial antes de la pandemia se encuentran mejor preparados para la nueva normalidad”, señala el estudio Respuestas innovadoras de América Latina y el Caribe a los desafíos de la pandemia de COVID-19.
Al analizar los desafíos sanitarios y económicos que conlleva la pandemia dentro de las posibilidades y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de los países, destaca también como la colaboración entre distintos actores del ecosistema (empresas, universidades y centros de investigación y agencias públicas de innovación) resulta fundamental para el desarrollo de soluciones innovadoras.
El documento elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) explica como la colaboración entre universidades, empresas y agencias de innovación fue fundamental para el desarrollo de los respiradores de Innspiramed en Colombia, mientras que la colaboración entre grandes empresas y el Ministerio de Salud lo fue para el caso de Magnamed, en Brasil.
Admite que los problemas de coordinación y colaboración no son fáciles de solucionar, pues también hay casos como la iniciativa de la plataforma de innovación abierta en Costa Rica que busca promover la articulación público-privada-academia-sociedad civil, la cual no ha logrado alinear los incentivos de las partes para recibir financiamiento de las ventanillas bancarias.
En contraste hay casos de éxito como las agencias de investigación o innovación, que han actuado rápidamente para orientar y apoyar al ecosistema de innovación en el desarrollo de soluciones innovadoras para afrontar la crisis sanitaria. Es el caso de Innóvate Perú, Ruta N (Colombia), ANII (Uruguay) y SENACYT (Panamá), entre otras, que fueron actores clave para apoyar el financiamiento de proyectos de investigación e innovación para la COVID-19.
En ese sentido, el estudio destaca la importancia de seguir fortaleciendo las capacidades de estas agencias para identificar y promover soluciones innovadoras que atiendan desafíos productivos y sanitarios específicos, ya sean propios de cada país o de alcance regional.
Por otro lado, también se considera importante que las agencias regulatorias en temas de productos y dispositivos médicos dejen de presentar marcos normativos poco adecuados pues dificultan la implementación de soluciones innovadoras que permiten atender este tipo de crisis de manera oportuna.
“Como ejemplo está la validación de los ventiladores mecánicos desarrollados en varios países de la región -Colombia, México y Perú- los cuales aún no ha sido posible, debido a los procedimientos establecidos por las entidades reguladoras competentes”.
Chile, sin embargo, a través de su iniciativa “Un Respiro para Chile” logró en seis meses la validación técnica, preclínica y clínica de los ventiladores elaborados. Por tanto, es necesario avanzar en la revisión de las normas y procedimientos a fin de facilitar la regulación para la innovación, la aprobación y el registro de productos y dispositivos médicos, así como la generación de espacios regulatorios como sandboxes y testbeds, que faciliten las pruebas y la adopción de nuevas tecnologías.
El estudio también resalta que la adopción y el uso de nuevas tecnologías en el ámbito de la salud requiere cautelar la privacidad de los datos personales y la información médica; por ejemplo, en las plataformas de telemedicina y teleasistencia desarrolladas en distintos países de la región.
“En ese sentido, es necesario reforzar los marcos regulatorios para la protección de la información y privacidad de los ciudadanos y fortalecer las capacidades institucionales en ciberseguridad de datos”.
C$T-GM
