La apertura del gobierno federal para escuchar a la industria digital en México y ajustar los términos del artículo 30-B del Código Fiscal es positiva y genera optimismo, porque el diálogo con la sociedad civil, la academia y la industria, puede derivar en una regulación sólida, resiliente y agnóstica tecnológicamente, que ayude a crear el México deseado con oportunidades para todos.
“Mantenemos que pueden existir riesgos en la interpretación del artículo” que originalmente planteaba la fiscalización del uso de las plataformas digitales e incluso la posibilidad de bloquearlas, de manera que se debe esperar a la publicación de las misceláneas para saber en los términos en que quedó establecido dicho artículo.
En entrevista con ConsumoTIC, Fabiola Peña, gerente para México y Centroamérica de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), se dijo optimista porque “la versión que tenemos desde lo que el gobierno hace, está enfocada en favor de México y bajo la premisa de que las empresas trabajan para eso mismo, por lo cual podemos alcanzar el México deseado que le brinde oportunidades a más mexicanos”.
Luego de que la ALAI y otras organizaciones fueron convocadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a dialogar sobre la mejor forma de aplicar este nuevo artículo del Código Fiscal, Peña Ahumada aseguró:
“Vemos que hay apertura de escucharnos, agradecemos a la Secretaría de Hacienda por haber hecho las convocatorias junto con la Agencia (de Transformación Digital) y el SAT por estar abierto para escuchar nuestro punto de vista y vimos avances que sí son acordes a lo solicitado por la industria”.
El integrante de la ALAI, explicó que una vez aprobado el Código Fiscal de la Federación en sus términos, con el polémico artículo 30-B, será en la miscelánea fiscal que se publica en breve, donde se deben plasmar los ajustes que se plantearon, aunque las preocupaciones que fueron expresadas desde septiembre, cuando se dio a conocer la inserción de este nuevo artículo, no han desaparecido del todo.
En su momento, la ALAI señaló que el “acceso irrestricto, permanente y en tiempo real a los sistemas de plataformas digitales”, implicaba riesgos constitucionales , legales y prácticos “que amenazan la protección de los datos personales y el debido proceso”.
A esta preocupación se suma también la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y la Asociación Internet MX, quienes señalan riesgos en la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Sin embargo, una vez ocurridos los diálogos a los que convocó la autoridad, Fabiola Peña se dijo optimista de construir de manera conjunta, en una dinámica de mejores reglas de diálogo, porque “tampoco podría haber disminuido el nivel de riesgo sin saber lo que vendría en la miscelánea”.
Insistió en que de haber atendido el llamado al diálogo desde el inicio del proceso, se podría haber acompañado y seguido la construcción de la legislación, pero de todas formas es positivo que ahora se haya abierto la autoridad, porque “sólo pedimos ser escuchados”.
“Vemos que hay buena intención de las autoridades; no hay incentivo para que no ocurra; todo lo contrario”, porque no se trata de que las autoridades simple y llanamente escuchen, sino que existe una construcción conjunta, “porque consideramos que las experiencias de las empresas pueden ayudar a generar espacios de aprendizaje y mejorar si es posible o acompañar si ya está optimizado”.
Reiteró que una vez atendida la voz de la industria, la ALAI mantiene su más amplia apertura para trabajar conjuntamente con cualquier autoridad que busque generar una nueva regulación, no sólo en temas fiscales, sino también en ciberseguridad, protección de niños, niñas y adolescentes, innovación, alfabetización digital y otros temas donde las empresas afiliadas tienen una gran experiencia.
C$T-GM
