Similar a la iniciativa realizada en España, en días pasados, la emisión de “Una carta de derechos digitales” es uno de los pendientes que de acuerdo con expertos puede ser de gran valía para que México aproveche el impulso al comercio digital que dará el T-MEC, y se generen políticas públicas que vayan más allá del ámbito sancionatorio.
En el Foro “La realidad de la protección de datos personales en México y Latinoamérica”, organizado por el Senado de la República, Javier Martínez Cruz, comisionado del Infoem, advirtió una gran oportunidad para México bajo el esquema del Convenio 108 del Consejo de Europa para la protección de datos y el T-MEC.
“México está convertido y está destinado a ser el epicentro de la economía digital en América del Norte para poder, en un parámetro y en un respeto de la protección de los datos personales como derecho fundamental, garantizarle a la zona de libre mercado, esto es a la Unión Europea, una posibilidad y respeto del tratamiento y flujo transfronterizo con ellos”.
Para el especialista del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), México también será el puente para establecer relaciones o recuperar el flujo comercial con las empresas suspendidas con la caída de los escudos de privacidad entre Europa y Estados Unidos.
Un punto importante, refirió, es la posibilidad de que 15 gobiernos estatales, con casi 2 mil municipios, puedan entrar a un esquema que permita a las empresas que tienen alto tratamiento de datos personales que se establezcan en México.
Ese tema, sostuvo, es fundamental y abre la puerta a que se empiecen a explorar los derechos digitales como lo hizo España, con su Carta con 25 artículos, que en su opinión marca la pauta para atender diversos tópicos relacionados con el ecosistema digital, iniciativa en la cual el Estado de México ya está planteando su elaboración.
“Creo que nos empiezan a marcar la pauta para atender estos temas, que han sido foco en mesas de debates, de si necesitamos una ley de ciberseguridad o ver si es correcto o nos alcanza seguir creyendo que al modificar códigos penales, verdaderamente estamos haciendo la política pública o solamente nos estamos yendo al ámbito del castigo y no estamos atendiendo las etapas preventivas y disuasivas”.
Martínez Cruz ejemplificó que un caso grave fue el de una “influencer” que fue denunciada por pornografía infantil y violación equiparada, por la vulneración a una menor de edad, y en los que se confronta el derecho a la privacidad con la libertad de expresión.
“Empezamos a hablar de tópicos donde se habla de libertad de expresión con el enfrentamiento de hasta dónde estos panóptico digitales usuarios de las redes puede tener esa libertad de estar actuando, de estar ofendiendo, y creo que el no definir este tipo de políticas preventivas, disuasivas o de sanciones nos puede llevar a confusiones de este tipo”.
En ese sentido, subrayó que se está en posibilidad de poder establecer modificaciones y, en su opinión, de contar con una Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, así como considerar derechos como el derecho a la herencia digital, que se incluye en la Carta española, y en el cual se ha empezado a trabajar en el Estado de México.
C$T-EVP
