Sanciones de 320 mil unidades de cuenta.
Personas físicas y morales que no cuenten con sistemas de protección contra robo de información confidencial de sus socios y clientes serán sancionadas con multas de entre 200 a 320 mil unidades de cuenta, de acuerdo a la iniciativa de reforma al artículo 64 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares que será analizada este mes por el pleno del Senado de la República.
El robo de información personal en posesión de particulares es una de las principales causas de fraude cibernético que en 2017 aumentó 89 por ciento, para alcanzar 3.3 millones de reclamaciones, según cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
La iniciativa de reforma propuesta por el senador Juan Alejandro Fernández Sánchez, asienta que aunque en el artículo 19 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, se establece la obligación de personas físicas y morales de proteger la información personal que recolecten en sus actividades o transacciones, esta disposición se incumple debido a que se omitieron sanciones específicas.
El legislador destacó que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de 46 millones de personas entrevistadas, 36 millones 360 mil aceptaron haber enfrentado algún tipo de fraude por el robo de sus datos personales o son constantemente molestadas para ofrecerles diversos productos.
Esos resultados se traducen en que 70 por ciento de la población se ve afectada en el resguardo de su información personal, la cual es utilizada para algún tipo de fraude o para ofrecer productos por diversos medios de comunicación, lo que demuestra que los responsables de salvaguardar esos datos están incumpliendo con su obligación”, subrayó.
Fernández Sánchez enfatizó que estudios de la firma PricewaterhouseCoopers México, señalan que aun cuando la ley protege los datos personales, 48 por ciento de las personas morales encuestadas revelaron que no cuentan con un equipo especializado para el tratamiento de los datos confidenciales de sus clientes o socios.
Ese mismo sondeo indica que 54 por ciento carece de un programa de protección contra robo de base de datos, en tanto que sólo una de cada cuatro empresas tiene un sistema para asegurar que los datos personales sean borrados cuando el titular lo exija conforme a su derecho a la privacidad.
En la iniciativa de reforma se establece que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), será el encargado de aplicar las sanciones a solicitud de los afectados a quienes en cualquier transacción se les deberá presentar un aviso de privacidad de sus datos, los cuales sólo podrán ser utilizados previo consentimiento verbal o escrito ya sea impreso o en medios electrónicos.
C$T-EVP
