La ética y el respeto a los derechos humanos deben estar en el centro del debate sobre la regulación de la Inteligencia Artificial (IA) en México, sin perder de vista las brechas de conectividad, capacidades digitales y conectividad significativa que prevalecen en el país.
“En el centro del debate está la ética, cómo usamos la tecnología para el bien, que se protejan los derechos humanos de las personas, lo que implica un debate profundo, sobre todo en un país como México donde no hay marco normativo que nos proteja”, aseguró Alejandra Lagunes, líder de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial.
Al participar en el Congreso Internacional de Inteligencia Artificial que se realiza en la Cámara de Diputados, la exsenadora recordó que en el mundo existen básicamente tres modelos de regulación de esta tecnología: el europeo (que se está replanteando porque la norma está inhibiendo la innovación); el estadounidense y el chino.
Es decir, se trata de tres modelos creados en la parte Norte del mercado global, mientras que México forma parte del grupo de los 130 países del Sur global, donde todavía no existen modelos claros y es necesario crearlos, desde la lógica de la ética en el uso y aprovechamiento de la tecnología, con el debido cuidado de los derechos humanos, incluyendo la privacidad.
“La gran pregunta es: ¿qué vamos a hacer con la tecnología si tenemos brechas de conectividad que padecen más de 30 millones de personas que no la tienen; brechas de conectividad significativa; de habilidades digitales; de talento, infraestructura e inclusión financiera que, mientras prevalezcan, no podemos hablar de IA y tampoco de su debida regulación”, explicó la especialista.
En su oportunidad, Julio César Bonilla, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, planteó que en principio, se debe buscar un equilibrio al discutir sobre esta tecnología.
“Hay quién evangeliza con IA y quien la demoniza, pero no podemos perder de vista que la IA es una creación humana, una simple herramienta y como tal tiene que estar al servicio de la humanidad ya partir de ahí debemos generar un equilibrio normativo entre su uso y su regulación, con el ser humano en el centro”.
El también académico del posgrado de Derecho en la UNAM, habló de la necesidad de superar y alcanzar una reglamentación propia, adaptada a la cultura y circunstancias de México.
Se debe encontrar -dijo- un punto de equilibrio que permita evolucionar y seguir poniendo a las personas en el centro, lo que exige actualizar las leyes en materia de protección de datos personales para hacer coincidir el uso responsable de los ecosistemas digitales, con valores éticos, seguros, explicables y transparentes.
En este contexto propuso “crear un constitucionalismo digital de corte nacional, con un nuevo catálogo de derechos digitales que nos garantiza al mismo tiempo la evolución y la protección de los derechos humanos en el ámbito digital”.
A su vez, Eleazar Aguirre Anaya, académico en ética tecnológica del Centro de Investigación en Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, señaló que si bien el ser humano debe estar en el centro del debate en materia de IA, “hay intereses económicos que dificultan llegar al equilibrio entre los derechos humanos y el desarrollo económico a partir de la tecnología”.
Como ejemplo, señaló el caso de Meta, que hace algunos meses implantó Inteligencia Artificial en el WhatsApp de las personas en México, sin pedirles permiso, aprovechando la laguna legal que facilita esta práctica, con el objeto de obtener información de las conversaciones por esa red, para alimentar grandes modelos de IA, cosa que está prohibida en países como Uruguay o la Unión Europea.
En su opinión en las discusiones más recientes sobre la regulación a la IA no se ha tomado en cuenta qué pasa con el medio ambiente en relación al desarrollo de esta tecnología, además de coincidir con Alejandra Lagunes, de la diferencia regulatoria entre el Norte y el Sur global, que tienen características tan distintas”.
Recordó que en México universidades públicas como el propio IPN tienen la misión de crear tecnología, “pero desafortunadamente por algunas decesiones políticas, llevamos cuatro años sin poder hacer transferencias tecnológicas, porque se eliminó el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología”.
En ese sentido, insistió en que si queremos aspirar a una soberanía tecnológica en materia de Inteligencia Artificial, ciberseguridad y otras materias, no se puede olvidar que el desarrollo en estas materias es absolutamente transversal y así se debe concebir la normatividad que las regule.
C$T-EVP
