Tercera y última parte
Al margen del cambio de gobierno que se avecina, la transformación digital en México es un proceso difícil de frenar, pues además de ser parte del cambio global, en la Reforma de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013 quedaron fijados como derechos constitucionales, algunas tareas que futuras administraciones, no solo deberán respetar, sino por mandato garantizar su continuidad.
“La innovación llegó para quedarse, la transformación digital debe ser una política de estado coordinada y articulada al más alto nivel, pues la estructura pública es muy compleja al aglutinar 299 dependencias federales y 2 mil 445 municipios; coordinar y sumar el esfuerzo de todas esas entidades es un trabajo de tiempo completo”, aseguró la Coordinadora de la Estrategia Digital Nacional (EDN), Yolanda Martínez Mancilla.
Entrevistada por Con$umotic la funcionaria indicó que la agenda digital del país debe tener un lugar primordial en futuros gobiernos, pues su transversalidad la convierte en un gran habilitador del desarrollo económico, productivo y social, razón por la cual fue integrada por primer vez, como parte relevante del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
La conexión a internet como derecho constitucional obliga a toda la estructura de gobierno a cumplir con ese mandato y a nivel de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Estado debe tener una política de inclusión digital universal; ambos preceptos obligarán a la próxima administración a dar continuidad a una parte importante de la Agenda Digital Nacional.
Para la funcionaria, un elemento decisivo que obliga a dar continuidad a los procesos de digitalización, será que la gente permanezca usando y exigiendo servicios en línea bien diseñados y que respondan a las necesidades reales de la población.
Hoy los ciudadanos cuentan con más de 2 mil servicios transaccionales; se han tramitado 1.5 millones de Actas de Nacimiento en línea; en 2012 el IMSS no tenía una sola transacción digital, actualmente 80 por ciento de sus servicios están en línea y su app es la que mayor descargas ha registrado, al igual que ISSSTE móvil, que además de servicios médicos ayuda a tramitar prestamos o ingresos a estancias infantiles.
“El objetivo ha sido tener una interacción más cercana con los beneficiarios de los servicios de salud, para que realmente tengan que acudir a una instalación porque requieren atención médica, no para realizar algún tipo de gestión o servicio, que hoy se pueden hacer perfectamente a través de la tecnología”.
La habilitación de 800 aulas digitales @prende.mx este año, la prepa en línea, una matricula de 100 mil estudiantes de nivel superior, la posibilidad de tramitar la Cédula Profesional en línea (un trámite que desde 1945 no era reformado) a través de la e-firma, útil también en 470 servicios relacionados con temas tributarios o necesaria en la apertura online de SuEmpresa, todo ello posible hoy gracias a la transformación digital ejercida en años recientes.
“Son cambios de paradigma en beneficio de la población; el objetivo es que la presencia del Estado sea completamente digital para que la ciudadanía tenga acceso a cualquier servicio de gobierno, desde cualquier lugar, a la hora que pueda y desde el dispositivo que tenga con solo tener conexión a internet”.
Martínez Mancilla destacó que un factor esencial considerado en la EDN es que el ambiente digital siempre generará ahorros importantes, no solo para cada institución, sino también para la población que en el caso de la que habita en zonas remotas del país, llega a comprometer varias horas de trabajo y productividad que se dejan de hacer por realizar un solo trámite.
El canal digital permite ofrecer un servicio 24 horas al día, siete días a la semana con la gran ventaja de que “no cierra nunca”; los servicios digitales cuestan, pero son 95 por ciento más baratos que un canal presencial; incluso, 70 por ciento más barato que un call center, necesario aún para cierto tipo de servicios.
Por citar un ejemplo, resaltó que el IMSS costeó todos sus servicios de digitalización, lo que le generó un ahorro de más de 2 mil millones de pesos. La Cofemer ha realizado mediciones de cuánto le cuesta al PIB la tramitología, por lo cual el gobierno federal se impuso la meta de bajar 3.25 por ciento ese costo, un nivel que se está por cumplir.
C$T-EVP
