La privacidad es una pieza elemental.
En la actualidad, vivimos en un universo poblado de datos donde nuestra huella digital va dejando rastro sobre lo que hacemos, dónde lo hacemos, a dónde vamos, a quiénes conocemos, qué tenemos, qué nos gusta o cómo nos sentimos; y si bien esta información sirve para mejorar la eficiencia y los diagnósticos en sectores como el público, la gestión ética de los datos es un desafío para los gobiernos a nivel mundial.
“Generamos esta información mientras trabajamos, caminamos, interactuamos, hablamos, protestamos o buscamos información en línea. Las actividades que llevamos a cabo generan datos, y toda esta información es útil para definir los servicios, los productos o la manera cómo funcionan las ciudades”, explican los autores de “La gestión ética de los datos”.
El documento, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) explica que la importancia y alcance de estos datos han sido ampliamente explorados por el sector privado, sobre todo en los ámbitos del cálculo y análisis de riesgos, y en la personalización de los servicios comerciales (mercadeo).
Paralelamente a esta mayor disponibilidad de datos y a la mejora de las capacidades técnicas para utilizarlos, el sector público también ha comenzado a reivindicar su propio papel, consciente de que esta información puede servir tanto para mejorar la eficiencia en la prestación de servicios sociales, de policía o de transporte público, como para promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
“Un número creciente de gobiernos está publicando datos en sus portales de internet con el objeto de mejorar su transparencia, pero también con la esperanza de que esa disponibilidad estimule el desarrollo de aplicaciones útiles para la ciudadanía, ya sea por parte de las entidades gubernamentales o de los propios ciudadanos”.
Uno de estos proyectos es la plataforma “Mejora tu escuela” creada en México por el Instituto Mexicano para la Competitividad en 2013 y que busca ayudar a los padres a elegir la mejor opción de educación para sus hijos, lo que a su vez crea incentivos para que las escuelas tengan un mejor desempeño. La información de la plataforma sobre los planteles educativos combina datos públicos abiertos con otros proporcionados por la ciudadanía a través de reseñas y puntajes.
Sin embargo, el documento autoría de César Buenadicha, Gemma Galdon Clavell, María Paz Hermosilla, Daniel Loewe y Cristina Pombo, subraya que en diversos países los esfuerzos realizados no constituyen acciones concertadas para avanzar hacia un mayor y mejor uso de los datos por parte del sector público.
Los autores consideran que se trata más bien de proyectos aislados que enfrentan dificultades para darse a conocer y desarrollar su potencial, o de iniciativas que no se aprovechan plenamente debido a las limitaciones en la formación del personal gubernamental o a las dificultades para liderar el desarrollo tecnológico desde el sector público.
“De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar de manera general que no existen aún estrategias nacionales o regionales que permitan avanzar en la definición de los usos de estos datos en el sector público, de su potencial y sus riesgos, de los estándares de interoperabilidad necesarios y/o de cómo articular la relación de confianza con la ciudadanía que proporciona su información con la esperanza de que se le dé un buen uso”.
En opinión de los especialistas, desafíos como la discriminación algorítmica, la privacidad, la transparencia o los derechos digitales no se han abordado aún de forma consistente como parte de una visión estratégica sobre la tecnología.
“En este escenario, la irrupción de nuevas herramientas tecnológicas como el aprendizaje automatizado, la predicción algorítmica y la inteligencia artificial corren el riesgo de no ser aprovechadas plenamente en beneficio de la ciudadanía”.
Como se ha podido observar a partir de escándalos recientes que involucran a empresas del sector privado intensivas en el uso de datos, es necesario evitar que, sin contar con la experiencia necesaria los gobiernos caigan en la tentación de desarrollar sistemas que utilicen los datos de los ciudadanos sin que incorporen paralelamente un enfoque ético y responsable desde su diseño que asegure cuestiones básicas como la privacidad o el consentimiento.
“Lo que aquí está en juego no es otra cosa que sentar las bases para un nuevo contrato social que permita una utilización masiva y responsable de los datos por parte de las entidades gubernamentales para proporcionar mejores servicios sociales, al tiempo que se mantiene la confianza de los ciudadanos en que los gobiernos gestionen sus datos de manera responsable”.
C$T-GM
