Detectan trámites digitalizados pero poco eficientes.
En el gobierno federal se consolidaron alrededor de 12 partidas de tecnología junto con la Oficialía Mayor de Hacienda, con la que tendrán mayor participación de proveedores, y además están considerando la contratación de Pequeñas Medianas Empresas (Pymes) que desarrollen sistemas para el gobierno federal, informó Emiliano Calderón, Coordinador de la Estrategia Digital Nacional.
Al participar en el panel virtual “Retos hacia una visión de nación digital”, en el foro organizado por el IFT, explicó que para alcanzar la autonomía e independencia tecnológica de la administración pública, se ha impulsado un cambio de paradigma de la relación entre proveedores y gobierno, lo que se ha traducido en licitaciones con piso parejo, precios justos y competencia real que ofrezcan una perspectiva más amplia al adquirir servicios.
“La comunicación imparcial con las cámaras, asociaciones y empresas de tecnología nos ha ayudado a establecer un conducto más parejo y más amplio en lo que tiene que ver con las compras”, aseveró.
Otro tema importante, indicó, tiene que ver con la priorización del software libre y los estándares abiertos, que ofrecen la posibilidad de construir sistemas propios y compartirlos con otras dependencias de gobierno, además de que abre la competencia y diversifica las opciones tecnológicas además de promover la contratación de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).
Al respecto, el funcionario subrayó que “estamos impulsando poder contemplar la contratación de Pymes que desarrollen sistemas para el gobierno federal”, así como la transversalidad de las dependencias, para compartir experiencias tecnológicas, infraestructuras y desarrollos.
El tema de los estándares abiertos, agregó, contribuye con la convergencia, dado que se pueden desarrollar diferentes sistemas de diferentes ámbitos que entiendan protocolos abiertos, protocolos estándares y esto promueve mucho más rápido el desarrollo de sistemas dentro y fuera del gobierno.
En otro punto, destacó que se lleva a cabo la verificación real y económica de los proyectos digitales, para comprobar su viabilidad, así como la simplificación de trámites que estaban digitalizados en teoría, pero que en la realidad son deficientes.
“Lo que comúnmente ocurre en la política gubernamental digital es que se digitalizan trámites, pero no tienen un proceso simplificado. De modo que nos encontramos con trámites que en teoría están digitalizados, pero siguen siendo poco eficientes”, afirmó.
En su exposición comentó que existen aproximadamente 5 mil 400 trámites a nivel federal, de los cuales se identificaron 33 documentos principales requeridos con frecuencia; sin embargo, se llegan a presentar hasta 50 millones de copias de cada uno de estos documentos al año.
Por ello para la agilización de trámites gubernamentales el objetivo es crear un expediente digital de cada ciudadano, con el que las instituciones contarán con información fidedigna y en tiempo real, para realizar los trámites necesarios, sin que se le pidan requisitos al solicitante.
En otro de los ejes, relativo a la inclusión financiera y digital, dijo que el reto es agilizar los pagos vía Centros Integradores de Desarrollo, de los cuales hay 13 mil en la República, así como el Banco del Bienestar y Telecom.
La dispersión de apoyos para programas sociales, subrayó, se está dando por métodos digitales; no obstante hay alrededor de 4 millones de dispersiones aproximadamente, que se siguen dando en efectivo, lo que representa que el gobierno está avanzando en ese camino a pasos agigantados.
C$T-EVP
