Un desarrollo digital que no respete los derechos humanos en el entorno digital y que no se base en principios de inclusión y sostenibilidad puede reforzar los patrones de exclusión social y los métodos no sostenibles de explotación de recursos y producción, además de exacerbar sus impactos ambientales negativos.
“En ese caso, el efecto neto dependerá de la articulación entre las estrategias empresariales y las acciones de política orientadas a encaminar la digitalización hacia un desarrollo con igualdad y sostenibilidad”, señala el reporte Tecnologías digitales para un nuevo futuro.
El documento, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), expone que la inclusión, como una forma de estar o de ser parte de una sociedad, resulta afectada por la revolución digital y la capacidad de adaptación y respuesta de las personas, la comunidad, los mercados y los Estados.
Más aún, la pandemia y el confinamiento obligatorio han obligado a encontrar nuevas formas de mantener las prácticas sociales y civiles a través de plataformas digitales. Por ello, es urgente fortalecer una ciudadanía digital vinculada a la participación de la población en la sociedad y la economía digitales.
“A ello se suma la comprensión de las nuevas formas de poder y la nueva esfera pública que surge desde lo digital, dominada por unas pocas empresas globales. Aunque se podría pensar que el espacio digital es una continuación del espacio analógico, también implica nuevas herramientas y formas de participación”.
Los procesos de transformación digital en América Latina y el Caribe tienen lugar en un contexto de desigualdad estructural que influye en los diferentes campos de acción y en los resultados, lo cual impide que muchas personas puedan aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, si no se formulan acciones para visibilizar e igualar esas oportunidades.
Así, las políticas públicas son cada vez más relevantes para lograr que los cambios fruto de la transformación digital permitan avanzar más rápidamente en un desarrollo social inclusivo y no amplíen las brechas en una región con grandes niveles de desigualdad en varias dimensiones del desarrollo.
En 2019, el 66.7 por ciento de los habitantes de América Latina y el Caribe usó Internet, un nivel notable en términos de rapidez y alcance de la difusión del uso de una tecnología en la región que fue posible porque la incorporación de avances tecnológicos se ha combinado con estrategias muy competitivas de empresas privadas o públicas (según el país de que se trate), y con la puesta en marcha de políticas de apoyo y de regulación del sector.
“Pese a este gran avance, uno de cada tres habitantes de la región tiene un acceso limitado o nulo a las tecnologías digitales debido a su condición económica y social, en particular su nivel de ingreso, su edad y la localización de su vivienda”.
El contexto de la pandemia ha resaltado los beneficios derivados del uso de las tecnologías digitales en los distintos ámbitos económicos y sociales. Sin embargo, también ha mostrado que estos beneficios no están al alcance de todas las personas debido a las diferentes dimensiones de las brechas de acceso y de uso de esas tecnologías.
Las brechas de acceso, usos y habilidades, así como de las oportunidades de inclusión en un mundo crecientemente digitalizado, se reproducen de acuerdo con los ejes de la matriz de la desigualdad social de la región, que entre otras dimensiones, incluye el nivel socioeconómico, la etapa del ciclo de vida, la localización territorial, el origen étnico o racial y las desigualdades de género, señala el documento.
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