Tiendas virtuales extranjeras captan 61% de compras online
La actualización de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) es un proceso obligado frente a la expansión de la arena tecnológica en el mercado doméstico y porque la revisión más reciente de esta legislación data de 1995, cuando el comercio electrónico en el mercado mexicano era inexistente, aseguró el Subprocurador de Telecomunicaciones de la Profeco, Carlos Ponce Beltrán.
«Hace 17 años se reformó la Ley Federal de Protección al Consumidor, a la cual se le introdujeron algunos artículos relacionados con la protección al consumidor en transacciones electrónicas. Es con lo que hemos trabajado estos años, es breve pero nos ha servido para garantizar cosas fundamentales como la privacidad, evitar publicidad engañosa y recibir spam», precisó.
Sin embargo, en la actualidad han surgido diferentes conceptos como el B2B (Business to Business), el B2C (Negocio hacia el Consumidor), el C2C (Consumer to Consumer), e incluso prácticas como el marketplace, donde cualquier consumidor se convierte en un comerciante temporal, plataformas todas, que no están reconocidas en la legislación actual.
«Muchas actividades de gente que sube a los marketplace (Mercado Libre, Segunda Mano o Linio) cosas que ya no le sirven como bolsas, ropa o enseres domésticos, o cosas nuevas pero sin garantía, no los podemos enfrentar porque desde el punto de vista de la vieja definición de proveedor no son comerciantes… entonces muchas malas prácticas quedan impunes» debido a que la legislación vigente se modificó hace 17 años.
A través del sistema de monitoreo la Profeco ha encontrado muchos portales sin domicilio fiscal en México, por lo cual se ha difundido los nombres de las tiendas virtuales que no son seguras en cuanto a que no tienen información básica del contenido del producto, precios, garantías o carecen de un domicilio donde se atienda quejas o reclamaciones.
Otro tema sin resolver es el momento en que el comprador en línea pueda tomar la decisión de regresar el producto, así como obligar a toda la cadena de intermediarios que participan en la entrega, (fabricantes, distribuidores y paquetería) de que los productos lleguen al cliente en tiempo, forma y en condiciones óptimas.
Toda esta problemática sumada a temas de fraude en línea, ha llamado la atención de varios legisladores, que en el Congreso presentaron una iniciativa para actualizar la LFPC y fortalecer el trabajo que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). De ser aprobada la nueva legislación, facilitaría la tarea de acercamiento que se realiza con las empresas tanto virtuales como todas las tradicionales que han incorporado para beneficio de sus clientes, la modalidad de las ventas en línea.
Ponce Beltrán precisó que otro problema del comercio electrónico está en el flujo transfronterizo; datos de esta industria señalan que 61 por ciento de las compras on line que realizan los mexicanos son en tiendas virtuales extranjeras, debido a la falta de oferta doméstica o porque en el país no hay startups mexicanas que se lancen a la aventura del e-commerce. «Ese 61 por ciento de transacciones nos preocupa».
El subprocurador destacó que ante una eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), ya sea que se haga en forma bilateral con Estados Unidos o se integre a Canadá, el tema del comercio electrónico será crucial incorporarlo, pues en la década de los 80 cuando se negoció este acuerdo este tema no existía
«Por eso son muy útiles los acuerdos de APEC o los concretados con la Unión Europea y lo que estaba ocurriendo con el TPP, donde se concretaron una serie de soluciones valiosas como el denominado puerto seguro para operaciones en línea… APEC nos ha permitido mucha comunicación con países asiáticos que son grandes proveedores de productos online, así como acercarnos a la solución de controversias».
Destacó que la intensa dinámica comercial foránea que tiene México ha hecho obligado que dependencias como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) busquen establecer acuerdos y normas para que las empresas extranjeras tengan domicilios fiscales en el país, cumplir normas aduaneras, evitar la evasión fiscal y que los productos que ingresen lleguen con sus tributos pagados y normalizados, verificados por la Profeco, Cofepris y otras instancias que vigilan el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas.
C$T-EVP
