La grave problemática que representa la usurpación de identidad a través de dispositivos electrónicos y el escenario de riesgo que vive la ciudadanía ante la proliferación de delitos cibernéticos, exigen evaluar y diseñar un programa integral apegado a estándares internacionales para proteger y garantizar el derecho humano a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
En un dictamen, aprobado sin discusión en la sesión del pasado 9 de noviembre, la cámara alta exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR), y a sus homólogas en los 32 estados, a dar seguimiento y respuesta eficaz a las denuncias presentadas por usurpación de identidad por medios electrónicos.
Las y los legisladores reconocieron que aunque en el país no existe una cultura pública para la denuncia, la FGR cuenta con al menos 5 mil carpetas de investigación abiertas relacionadas a delitos cibernéticos.
Además, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, alertó que en 2022 se han registrado más de 16 mil robos de identidad y fraudes cibernéticos reportados.
Con 18 mil detecciones de ransomware en la primera mitad del año, México es el país más atacado de América Latina, una región donde en el mismo periodo se registraron 137 mil millones de ciberataques, lo que representa 50 por ciento más en comparación con el primer semestre del 2021, con 91 mil millones de ataques, de acuerdo con datos de Fortinet.
Para las y los senadores, el hackeo, espionaje e intimidación por medios tecnológicos, informativos y de comunicación, no se limita al entorno político y a quienes participan en la vida pública del país.
“Estas nuevas formas de transgredir las esferas del derecho, exponen a toda la ciudadanía, pues en México se sufren los estragos de este nuevo sistema de ataque político”.
C$T-GM
