El acoso, ataques cibernétios, espionaje y las expresiones de odio hacia los y las periodistas, son algunas de las grandes amenazas que enfrentan estos profesionales en la era digital, en la que además de afrontar una clara revolución en la forma de acceder a la información, se evidencia cómo la misma tecnología que les ayuda en su labor, es utilizada en su contra.
“Las tecnologías digitales están revolucionando aún más este panorama, pues han posibilitado intercambios de información sin precedentes, favoreciendo un periodismo sin fronteras. Ahora podemos ver lo que ocurre en cualquier lugar del mundo en cualquier momento”, dijo Audrey Azoulay, directora General de la UNESCO en su discurso de bienvenida a la Conferencia Global del Día Mundial de la Libertad de Prensa 2022.
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, conmemorado este año bajo el lema “El periodismo bajo asedio digital” por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en Punta del Este Uruguay, se habló del uso de tecnologías, como el malware Pegasus, utilizado para espionaje.
Priscilla Ruiz, coordinadora Legal de Derechos Digitales de Artículo 19, destacó que a través del litigio que comenzó en México desde 2017 por el uso de Pegasus en México y que Artículo 19 lleva a cabo con organizaciones como R3D y el Centro Pro Derechos Humanos, han derivado varias líneas de investigación en el sentido de cómo y por qué se ha estado utilizando el malware contra periodistas, activistas y disidentes.
NSO Group es la firma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos, como se dio a conocer en el reportaje publicado en el New York Times “Somos los nuevos enemigos del Estado”.
Sin embargo, Ruiz afirmó que se han encontrado con varios obstáculos para acceder a información, específicamente a contratos, incluso desde las unidades de transparencia de las instituciones gubernamentales.
“Otro de los obstáculos son los peritajes forenses de informática que desafortunadamente están limitados; hemos tenido que recurrir a otras organizaciones como Citizenlab para tener una evidencia mucho más detallada y coherente, porque es uno de los elementos probatorios que hemos estado integrando dentro de la carpeta”.
Priscilla Ruiz destacó que una particularidad del caso mexicano es que existe intervención de terceras partes, es decir, empresas que se constituyen como prestadoras de servicios de seguridad ante el Registro Público, y estas reciben contratos millonarios por una adquisición directa del gobierno para comprar este tipo de tecnologías.
“Esta intervención o estos terciarios que han hecho que se oculte esta parte del activismo que tiene NSO Group en relación con el gobierno; hemos encontrado muchísimas empresas vinculadas a temas de seguridad, no sabemos qué tipo de tecnologías están vendiendo, pero está siendo adquirida por el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional, por cuestiones militares que han estado utilizando este espionaje”.
En el panel, Khadija Ismayilova, periodista de investigación azerbaiyana, señaló que NSO Group niega rotundamente las solicitudes de información sobre las compras de estas tecnologías, aduciendo que las venden solamente a gobiernos.
“Debería haber un mecanismo internacional para obligar a estas compañías que están produciendo estas tecnologías dañinas a decir a quién exactamente le están vendiendo, este es un problema… porque en caso de que escuchen el teléfono no sé a quién recurrir legalmente. Y otro problema es que los abogados están siendo intimidados por tomar estos casos; están bajo constante hostigamiento y presión… necesitamos mecanismos para la protección de nuestros abogados también. Es el absurdo esta situación”.
C$T-GM
