En América Latina, donde la impunidad y la debilidad institucional dan forma a desafíos estructurales, los gobiernos necesitan modernizar sus estructuras para que sus agendas anticorrupción se sintonicen con la aceleración digital y generen “dividendos de integridad” derivados del uso cada vez más intenso de las nuevas tecnologías y la inteligencia de datos.
“Los escándalos de corrupción sin precedentes en América Latina que se han conocido en la última década sugieren que la región se enfrenta a desafíos estructurales que combinan una corrupción endémica con debilidad institucional”, señala el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF.
En el documento “DIGIntegridad. La transformación digital de la lucha contra la corrupción”, sostiene que la aceleración de la transformación digital aparejada a la globalización de la economía afecta de modo ambivalente la agenda de integridad en los gobiernos.
Por un lado, la globalización y la tecnología brindan oportunidades sin precedentes para que la corrupción crezca en tamaño y capacidad de daño, puesto que al usar el ciberespacio las redes criminales operan sin territorialidad alguna, ocultan fácilmente flujos ilícitos de dinero, y limitan las capacidades jurisdiccionales para su detección y sanción.
“Pero, por otro lado, se están logrando mejoras sistémicas en la gobernabilidad y acción colectiva gracias a las nuevas tecnologías que ayudan a suministrar servicios automatizados y con procesos de gestión pública más visibles gracias a los datos abiertos y registros cada vez más públicos”.
CAF asegura que el rol que las tecnologías basadas en datos tienen en materia de integridad pública está siendo cada vez más reconocido por los gobiernos, organismos multilaterales y sociedad civil.
Sin embargo, la innovación digital, la aplicación de tecnologías basadas en datos y el gran poder de cómputo sobre los mismos, no son una bala de plata para erradicar el problema de la corrupción.
Explotar al máximo el potencial de la digitalización en las políticas de integridad pública exige modernizar las instituciones gubernamentales en dos ámbitos de modo separado: los ajustes institucionales que promuevan la integridad; y la adaptación de las autoridades públicas a la era digital.
El informe selecciona tres grupos estratégicos de recomendaciones para avanzar en la modernización institucional y en la agenda DIGIntegridad: Transparencia en el sistema político, corresponsabilidad del sector privado y sistemas de investigación y juzgamiento legítimos, ágiles y restaurativos.
Paralelo a la modernización del ecosistema de integridad en los gobiernos, también se requieren ajustes en el ecosistema de innovación digital para el sector público, de modo que la adopción de herramientas digitales dentro de las estrategias de integridad pública sean sostenibles en el tiempo.
El reporte destaca al menos tres ámbitos para esta modernización: Infraestructuras organizadas de datos por cada sector y código abierto, talento digital en los organismos responsables de la política anticorrupción y compra pública de Inteligencia Artificial.
“Puesto que los corruptos tienen estrategias diferentes y modalidades bien ajustadas al tipo de bien público que suministra el Estado (salud, educación, seguridad, justicia, infraestructura, etc.), los conjuntos de datos específicos a la gestión del sector aumentan la efectividad de las tecnologías digitales para la integridad”.
Adicionalmente, las innovaciones digitales orientadas a mejorar los niveles de transparencia pueden ser compartidas y reutilizadas por otras entidades públicas o la sociedad civil interesada en la lucha contra la corrupción. Esto ocurre, por ejemplo, con la plataforma de visualización de obras de Buenos Aires (BA Obras) y en el portal Tianguis Digital de la Ciudad de México.
En materia de talento digital en los organismos responsables de la política anticorrupción, el informe destaca que la incorporación de tecnologías digitales en las estrategias de integridad pública da por sentado el conocimiento y pericia de quienes las manejan y las utilizan.
“Esto no es el caso completamente en los funcionarios públicos de América Latina, por lo que es necesario fortalecer la formación y retención de talento que use efectivamente las tecnologías digitales en el ejercicio de sus funciones, como es el caso de la prevención, investigación y detección de la corrupción”.
Por ejemplo, dentro del ecosistema de integridad debería comenzar con la creación de unidades especializadas en ciencia e inteligencia de datos dentro de los organismos de control.
Al abordar el eje de compra pública de Inteligencia Artificial (IA), explica que así como existen estándares especiales para garantizar la integridad y calidad en la contratación pública de infraestructura, es igualmente estratégico desarrollar estándares especiales para la estructuración de necesidades y procesos de abastecimiento de plataformas de IA con finalidades anticorrupción.
“Existen estándares de ética, así como de transparencia y rendición de cuentas para esta tecnología, que influyen en su uso y calidad”.
C$T-GM
