Cambios en la legislación entrarán en vigor el próximo 1 de agosto.
Debido a los cambios a la Ley Federal del Trabajo, que explícitamente prohíbe la subcontratación laboral o tercerización, las startups deberán ser muy cuidadosas con sus nuevas políticas de contratación para evitar las multas que van de 79 mil 240 a 4 millones 481 mil pesos e incluso prisión, por contratar servicios mediante outsourcing o incurrir en el delito de defraudación fiscal.
“Es prioritario que las startups migren a un sistema de contratación interna y que aborden de forma estratégica el cumplimiento regulatorio que enfrentarán, ya que de no hacerlo implicaría sanciones y multas significativas que podrían poner en riesgo su potencial de crecimiento”, advirtió Iván Guzmán, asociado de la práctica ¨Laboral y Migratoria de BlackBox Startup Law.
Aunque dichas modificaciones, no considerarán como subcontratación la prestación de servicios especializados, aclaró que las personas físicas o morales que proporcionen ese tipo de servicios deberán contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el cual deberá ser renovado cada tres años.
El experto del despacho jurídico especializado en startups y compañías tecnológicas expuso que la misma Secretaría del Trabajo será la encargada de resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro dentro de los 20 días posteriores a la recepción de la misma.
Las personas físicas o morales que presten servicios especializados a terceros contarán con un plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la reforma para obtener su registro.
“Las startups que decidan contratar personal especializado a una empresa registrada ante la STPS deben tener clara la carga regulatoria, pues tendrán que solicitar mensualmente mucha documentación fiscal y de seguridad social”.
El proyecto de reforma modifica ocho leyes, entre ellas, además de la Federal del Trabajo, la del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la del Impuesto sobre la Renta (ISR), la del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los Trabajadores al Servicio del Estado, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), así como el Código Fiscal de la Federación.
Los cambios al Código Fiscal de la Federación fueron notables, subrayó el colaborador de BlackBox, porque cometerá delito de defraudación fiscal quien participe en el servicio de subcontratación de personal y quien simule la prestación de servicios especializados.
“En este caso, la sanción aplicable es de tres meses hasta nueve años de prisión, dependiendo del monto de lo defraudado; no obstante, la subcontratación se considerará como un agravante por lo que las penas deberán aumentarse en una mitad”.
La reforma a dicho código también precisa que los gastos realizados por concepto de subcontratación de personal no serán deducibles para efectos de ISR, ni acreditables para efectos del IVA.
El paquete de reformas prevé erradicar el outsourcing para contratar a personal que realizará actividades esenciales o permanentes de las compañías, pero la subcontratación será posible sólo cuando se requieran servicios especializados. Dichos cambios en la legislación entrarán en vigor el próximo 1 de agosto.
C$T-GM