Necesario crear una ley en la materia.
Modificar el artículo 73 de la Constitución, como plantea en su iniciativa el diputado Javier Salinas, para otorgar al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de ciberseguridad es un paso en la dirección correcta en un país donde el cibercrimen genera pérdidas de entre 3 mil millones y 5 mil millones de dólares cada año y los usuarios de internet están en constante exposición a riesgos relacionados con la privacidad, robo de información y otros delitos.
“En American Chamber recibimos muy bien esta iniciativa del diputado Salinas, que es una iniciativa de modificación a un artículo único, al 73 de la Constitución donde se prevé que se incluya en los temas de seguridad nacional, la seguridad informática y la protección a los derechos humanos en el ciberespacio. Nos parece sumamente relevante porque estamos viendo claramente que desde el Poder Legislativo se le está dando importancia a este tema que hemos impulsado y tratando de posicionar desde Amcham y otras organizaciones de la industria TIC”.
En entrevista con ConsumoTIC, Mario de la Cruz, presidente del Comité de Innovación y TICs de la American Chamber (Amcham) México dijo que además de elevar a rango constitucional el tema de ciberseguridad, el documento legislativo pone el foco en los derechos humanos y abre la puerta al establecimiento de una legislación específica en la materia.
Con relación a la postura que organizaciones como Articulo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) que afirman que de concretarse la iniciativa representaría una amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la privacidad de las personas usuarias de internet en México, el especialista subrayó que lo que plantea el documento legislativo es exclusivamente subir a rango constitucional la importancia de la ciberseguridad y darle un enfoque de derechos humanos a la misma.
“Adelantarse con esos juicios me parece demasiado apresurado, la iniciativa no habla nada al respecto. Estas discusiones se deben tener más adelante cuando haya leyes específicas en la materia”.
La colaboración de Amcham México en materia de ciberseguridad ha sido activa y en diversas ocasiones ha expresado ante legisladores en las Cámaras de Diputados y Senadores recomendaciones y propuestas como la de crear una ley específica que comprenda un catálogo de delitos en la materia, que permita tipificar, detectar, disuadir, investigar y enjuiciar eficazmente los delitos cibernéticos, así como armonizar el marco jurídico y reglamentario respectivo.
Asimismo, que se incluya la intención o tentativa de daño tecnológico dentro de este catálogo de delitos incluso cuando no logre realizar la acción delictiva de vulnerar el sistema tecnológico porque los controles sean eficientes para la contención del ataque; que defina, delimite y establezca facultades, derechos, obligaciones y responsabilidades de los sectores público, privado y social en materia de ciberseguridad.
Una ley en la materia, de acuerdo con la visión de Amcham, también debería homologar los términos ciberespacio, cibergobierno, ciberpolicía, ciberempresa, cibercompra, ciberproducto, ciberservicio, ciberusuario, cibertrabajo, cibertrabajador, ciberdelincuencia organizada, ciberdelincuente y ciberseguridad; de delitos de esta índole.
Desde la perspectiva de la Amcham México, los esfuerzos en crear una Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ENCI) han sido insuficientes para inhibir las conductas de los ciberdelincuentes; en ese sentido, el diseño de un plan robusto y transversal debe retomarse y replantearse para convertirse en una verdadera política de gobierno en la que descanse toda interacción de los entes oficiales, privados y sociales, para un óptimo ejercicio de gobierno, desarrollo económico y social.
“Nos parece que es un tema muy relevante que haya una sola entidad gubernamental que coordine de manera transversal los esfuerzos en ciberseguridad de México. Entendemos que el país y el gobierno vive circunstancias especiales en materia de austeridad presupuestal y de ahí que no necesariamente tenga que ser una agencia nueva, aunque sería lo ideal, sí una entidad que coordine los esfuerzos de manera transversal desde el gobierno con el enfoque de seguridad nacional y de infraestructura crítica”.
En ese sentido, sostuvo Mario de la Cruz, la coordinación con el sector privado, académicos y la sociedad civil es clave, pues es evidente que la ciberseguridad no es responsabilidad de un solo actor, “es un trabajo en equipo donde todos tenemos que jugar un rol importante, ya sea el gobierno, la iniciativa privada, la academia y la sociedad civil”.
“Esperamos que esta iniciativa (la del diputado Javier Salinas) pueda modificar la Constitución para integrar el tema de ciberseguridad como un tema prioritario y que en este mismo periodo de sesiones se discuta. Desde Amcham hacemos un llamado a los legisladores que han estado proponiendo distintas iniciativas para que se trabaje una sola iniciativa de ley en materia de ciberseguridad con los mejores elementos de cada una de las iniciativas”.
La expectativa sería discutir un proyecto de ley en materia de ciberseguridad en este periodo de sesiones y también que sea un solo proyecto que pueda agrupar las mejores propuestas y las distintas iniciativas que han puesto sobre la mesa los senadores y diputados, concluyó.
C$T-EVP
