Ya sea de manera absolutamente intencional o sin plena conciencia, millones de personas contribuyen a la difusión de discursos de odio en el mundo digital, lo que inevitablemente suma al fortalecimiento de uno de los grandes “males” de internet, muchas veces disfrazado de libertad de expresión, y que por sus graves consecuencias y efectos debe ser identificado y combatido.
“El hecho de que un discurso, una frase o una manifestación no sea catalogada como discurso de odio a nivel legal por la Corte, nada le quita su categoría de discurso de odio, porque son muy pocos los casos que llegan a los tribunales… El discurso de odio pase o no pase la prueba en los tribunales sigue siendo discurso de odio”, aseveró Clara Luz Álvarez, doctora en Derecho.
La especialista consideró como uno de los riesgos en las plataformas digitales, aunque pareciera no serlo, es que las personas tengan una red de contactos con quienes piensan como ellas y comparten ciertos valores, creando lo que denominó un “jardín amurallado”, que puede convertirse en un camino hacia la intransigencia y la intolerancia.
En una sociedad democrática, la ciudadanía debería tener como buena práctica escuchar a quien piensa de manera opuesta, “para darme cuenta que no todo es como yo pienso o lo que yo digo”, explicó en el seminario sobre Violencia y Paz ¿Qué es el discurso de odio?.
En las redes sociales, las personas pueden ser las que comunican ese discurso de odio, que puede ser del tipo “gota a gota”, es decir, “sembrando con pequeños comentarios, pequeñas notas, algunas imágenes” la animadversión hacia algún grupo, ya sea de migrantes, un grupo étnico o de la diversidad sexual.
“El gota a gota que se filtra perversamente tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales… y en las redes sociales el impacto es de alcance global, inmediato, repetido y cualquiera puede acceder”.
Desde el punto de vista jurídico, este discurso puede estar constituido por palabras, símbolos, cualquier tipo de expresión, igual que en libertad de expresión. Aún así, explicó, no todos los discursos deben reprimirse, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que se deben analizar cuáles son las circunstancias y el contexto.
Es decir, cuáles son las condiciones, sociales, históricas y políticas que se ha vivido en esa región o en ese país; qué tantas prácticas democráticas se tienen en la sociedad; o sea, si existe ejercicio vigoroso de la libertad de expresión, nivel de educación, qué tanto se enaltecen los valores de la tolerancia y el respeto a la otra persona, a otra cultura, así como cuáles son los efectos de este discurso de odio y ante qué auditorio se expresa.
En el mundo digital, destacó la investigadora de la Universidad Panamericana, este fenómeno puede contrarrestarse con la alfabetización mediática, conociendo cómo funcionan las plataformas, los algoritmos de las plataformas, saber bien que hay una estrategia de bots de difusión.
“Hay gente que se engancha, está discutiendo con un bot y lo único que hace es echarle más leña al fuego y difundir más este discurso de odio y aquella gente que no lo ha visto, de repente sí se entera”.
Además, si lo que se pretende es construir sociedades democráticas, la experta consideró descartar el “jardín amurallado” en las plataformas digitales; y en el caso de quien de verdad piensa que su discurso de odio es la verdad absoluta, valores como la convivencia, la educación, el respeto y la tolerancia son la clave.
Subrayó que aunque algunas plataformas pueden detener una buena parte de los discursos de odio, a través de la moderación de contenidos, hay tal cantidad que revisar y maneras de evitarlo, sustituyendo números por letras, por ejemplo, que es prácticamente imposible revisar todo y además los algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) no son infalibles.
El tema es mucho más complejo de lo que se puede llegar a pensar, no es sólo de la IA, sino también de las personas revisoras y de cómo las plataformas digitales, a petición a veces y también por conveniencia propia, eliminan contenidos incluso de interés público, coincidió Martha Tudón, Coordinadora de Derechos Digitales de Artículo 19.
Hay veces que se cuenta con personas revisoras que no entienden el lenguaje, la jerga, el contexto ni nada respecto a México; no saben lo que significan algunas palabras en casos de contenidos que han sido suspendidos. Se ha eliminado información en periodos electorales, cuando se tratan de temas importantes para la sociedad.
C$T-GM
