¿Necesario empezar de cero?
El arribo de la Cuarta Revolución Tecnológica impone a los gobiernos de América Latina y el Caribe, el desafío de mantener un equilibrio entre la regulación que exige la operación de las áreas tradicionales de la economía y los servicios sociales, y aquella necesaria para afrontar los nuevos riesgos y modelos de negocios que están surgiendo en la economía digital, que exige también proteger la privacidad de los ciudadanos, y al mismo tiempo estimular acciones en pro de la innovación.
«En medio de esta revolución tecnológica, la regulación inteligente se ha convertido en una herramienta fundamental para mitigar riesgos y promover que los beneficios del cambio tecnológico lleguen a toda la sociedad y sean superiores a sus costos. Los gobiernos de América Latina y el Caribe enfrentan el doble desafío de construir capacidades básicas para asegurar la calidad de sus regulaciones en áreas tradicionales de la economía y servicios sociales y capacitarse para afrontar los nuevos riesgos y modelos de negocios que están surgiendo con la economía digital».
El estudio «Regulación inteligente: ¿Cómo construir las reglas del juego de la economía digital?», publicado por el BID y elaborado por los especialistas Pedro Farias y Ana Maria Zárate Moreno, añade que la regulación inteligente de la innovación tecnológica es una herramienta fundamental para «mitigar riesgos y promover que los beneficios del cambio tecnológico lleguen a toda la sociedad y sean superiores a sus costos».
Los especialistas aseguran que una gran parte de la discusión en torno a la tecnología está centrada en aspectos de carácter legal y regulatorio, lo que explica por qué legisladores y reguladores de todo el mundo debaten hoy sobre la mejor manera de regular las redes sociales, la privacidad de los datos, o la seguridad de los vehículos no tripulados, lo que resalta cómo la «regulación inteligente» de las innovaciones tecnológicas es el nuevo desafío de las instituciones públicas.
Ambos especialistas señalan que la modernización de la regulación realizada en las últimas décadas debe ser los cimientos de la nueva agenda, pues es necesario asegurar una gobernanza regulatoria, establecer mecanismos para identificar problemas y soluciones basados en evidencia empírica, considerar costos y beneficios, y revisar periódicamente las normas, principios todos que fueron ejercidos con éxito en el mundo analógico y que seguirán vigentes en el nuevo entorno digital.
Un aspecto fundamental será la colaboración entre reguladores y regulados, ya que en mercados que evolucionan rápidamente resulta imprescindible crear espacios de diálogo, así como garantizar transparencia sobre las decisiones públicas, lo cual además de generar confianza en una actividad percibida como de alto riesgo, permite al regulador acceder a información actualizada que de otra manera no tendría.
«Además dado el carácter global y complejo de la economía digital, es necesario promover y participar en iniciativas de cooperación regulatoria internacional, coordinar a los distintos reguladores a nivel nacional y monitorear prácticas de éxito implementadas en otros países».
Los expertos sugieren que el regulador mantenga acciones que promuevan la innovación, así como alternativas que favorezcan el cambio tecnológico, así como crear espacios de prueba y experimentación.
«Identificar y analizar las consecuencias de las regulaciones sobre los trabajadores (cambios en los vínculos laborales), consumidores (derechos de usuarios), o ciudadanos preocupados con el manejo de sus datos personales (privacidad y uso de información sensible), requiere mucha sensibilidad por parte del regulador.
También es imprescindible detectar los efectos de nuevos productos y modelos de negocios sobre los mercados, y con riesgo de convertirse en barreras o asimetrías en la competencia, estímulos o restricciones a la innovación, ganancias o pérdidas de productividad, que pueden impactar en la competitividad de las empresas y de la economía en general.
«Cuando la regulación no contempla esos retos puede ser el origen de muchas resistencias que han surgido en contra de soluciones de la economía compartida en muchos países, como Uber o Airbnb. Finalmente, hay consecuencias que las regulaciones de la economía digital pueden tener que afectan directamente la manera como los gobiernos funcionan, por redefinir la forma como se cobran los tributos, y por demandar recursos no disponibles para asegurar su cumplimiento».
En el estudio, los especialistas indican que los reguladores deben desarrollar nuevas capacidades y explotar nuevas herramientas, y considerar que actualmente cuentan hoy con ciudadanos mucho mejor informados, lo cual abre la posibilidad de superar el tradicional dilema entre “regular más” o “regular menos”; el desarrollo de nuevas capacidades implica también el uso intensivo de nuevas tecnologías para establecer conexiones, incrementar su eficiencia, y tomar mejores decisiones.
C$T-EVP
