Hasta 2 mil 500 dólares costo de educación anual por alumno.
La pandemia de Covid-19 ha agregado una nueva capa de complejidad en las brechas educativas de América Latina y el Caribe, pues aunque la modalidad a distancia alcanza a 91 por ciento de los estudiantes potenciales, la cobertura real es menor y sólo es “un sustituto parcial de la experiencia educativa”, reveló Manos Antoninis, director del Informe GEM de la UNESCO.
Si bien reconoció que muchas de las soluciones de aprendizaje a distancia para garantizar la continuidad educativa han sido inspiradoras en la región, la emergencia sanitaria profundizó las brechas educativas, pues el alcance de esas medidas no se traduce en un alcance real, ya que sólo 52 por ciento de los hogares tenían acceso a internet y 45 por ciento a una computadora.
En la presentación del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM) 2020, “América Latina y el Caribe. Inclusión y Educación: Todos y todas sin excepción”, precisó que abarca ocho grupos o temáticas asociadas a la exclusión, de alta vulnerabilidad: pobreza, discapacidad, migración y desplazamiento, ruralidad y lejanía, género, etnia, privación de libertad, así como orientación sexual, identidad/expresión de género.
“La inclusión no puede lograrse si se ve como un inconveniente, o si la gente alberga la creencia de que la capacidad de los niños y de las niñas para aprender es fija”, expuso Antoninis.
Por ello, a través de este estudio, se llama a los países a que amplíen la comprensión de la educación inclusiva, de modo que ésta abarque a todos los educandos, independientemente de su integridad, origen o capacidad, pues advirtieron que muchos gobiernos no basan sus leyes y políticas en este principio.
En el informe, argumentó, se constata que el 60 por ciento de las naciones tiene una definición de qué es una educación inclusiva, pero sólo el 64 por ciento de las definiciones abarcan múltiples grupos marginados, y además muchos países no cumplen de manera efectiva sus compromisos en esta materia.
Javier González, director del Laboratorio de Innovaciones Educativas, SUMMA, reconoció que la región ha tenido un avance notable en términos del gasto en educación al pasar de 3.9 a 5.6 por ciento del año 2000 a 2017, respectivamente.
Sin embargo, aclaró, es importante matizar el hecho de que falta mucho por avanzar. La educación tiene un costo real, es decir un costo absoluto en términos de dólares por alumno invertidos al año, y esto es un problema para América Latina, donde la mayoría de los países se encuentran entre mil 500 y 2 mil 500 dólares anuales por estudiante, lo que tiene una correlación con la capacidad de inclusión y la calidad de la educación.
“La inclusión requiere una serie de condiciones materiales, profesores capacitados, una serie de tecnologías, y por eso es que estas condiciones materiales y la inversión son sumamente importantes”, subrayó.
Más allá del gasto, Latinoamérica requiere consolidar la gobernanza del sistema educativo, es decir, la forma en que los países toman las decisiones y cómo se coordinan las acciones de este sistema.
En el contexto que vive actualmente la región, se refirió a la urgencia de seguir fortaleciendo todo lo que tiene que ver con educación a distancia, entendiendo que con esta crisis se descubrió que las nuevas tecnologías no eran la panacea en ningún caso, sino que es apenas un medio para que los profesores puedan ejercer una adecuada pedagogía.
En ese sentido, consideró que tal vez no sea un buen momento, pero un tema que quizá se debería empezar a pensar es en asegurar el acceso a internet como un derecho básico al conocimiento de toda la población.
“Es importante que logremos una mayor coordinación horizontal entre los ministerios de educación, salud, trabajo y desarrollo social”, pues la escuela no sólo entrega educación, y esto se ha visto fuertemente durante la pandemia de Covid-19, también entrega alimentación, vacunación y un sistema y un lugar, una esfera de protección y bienestar para los alumnos.
Carlos Vargas, jefe de la Unidad de Desarrollo Docente de la oficina regional de Unesco, aseguró que también es importante que los docentes estén preparados para enseñar a todos los estudiantes, sin prejuicios sociales, incluso a los niños y niñas con necesidades especiales, y por el otro lado deben contar con condiciones de trabajo decentes.
“Luchar contra la precarización de la profesión es luchar por la inclusión, por formas que les motive, que les comprometa a trabajar en pos de los grupos que caracterizan a la región”, enfatizó.
C$T-EVP
