También incentivan confianza ciudadana.
En la era digital, la “economía de los datos” se está convirtiendo en el nuevo “oro negro” que aceita el motor del crecimiento económico, ante lo cual los gobiernos tienen una oportunidad sin precedentes para generar valor público a través de la apertura y uso de esos datos, pues son un elemento esencial para mejorar la confianza de los ciudadanos y hacerles partícipes de la acción pública.
“La Carta Internacional de Datos Abiertos los define como aquellos datos digitales que son puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar”, refiere el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el documento “Los datos abiertos en América Latina y el Caribe”, el organismo señala que la creciente apertura de datos públicos está construyendo una nueva concepción del Estado, más receptivo y centrado en el ciudadano.
“Tradicionalmente, la atención en los datos abiertos se ha centrado en los beneficios que éstos generan en términos de transparencia y rendición de cuentas. La publicación de datos de contrataciones, obras públicas, presupuestos, entre otros, ayuda a transparentar la gestión y a resaltar malos manejos o prácticas de corrupción que de otra manera serían más difíciles de identificar”.
Sin embargo, los datos abiertos también tienen el potencial de mejorar la eficiencia de los gobiernos de la región, facilitando el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas. Además, pueden convertirse en un habilitador del desarrollo económico creando oportunidades para emprendedores que usan los datos para crear servicios o productos.
Asimismo, refiere el BID, juegan un rol fundamental en el empoderamiento de comunidades gracias a que, a través de su uso, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores (academia, periodistas, empresas, emprendedores) pueden visibilizar problemas públicos y comunicar demandas ciudadanas, generar redes de cooperación público-privada para co-crear y co-producir servicios públicos, y conectar actores del ecosistema digital para fortalecer la innovación en la administración pública.
“En este contexto, los gobiernos deben asegurar la confiabilidad de los datos y propiciar espacios de colaboración donde se habilite la generación de valor público, garantizando la confidencialidad de datos personales”.
El BID considera que la apertura de datos gubernamentales se enfrenta a múltiples desafíos políticos, legales, y técnicos entre los que se encuentran cuestiones tales como la confiabilidad de los datos publicados, la protección de la privacidad de los individuos, la falta de vínculo entre oferta y demanda de datos, y la insuficiente medición del impacto de las iniciativas de datos abiertos.
“A pesar de estos retos, América Latina y el Caribe es una región altamente comprometida con la agenda de datos abiertos. Además de haber sido una región pionera en la implementación de iniciativas innovadoras, varios países de la región cuentan ya con una apropiada regulación de acceso a la información pública, han implementado portales de datos abiertos y están construyendo legislación en protección de datos personales”.
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