La tecnología puede ampliar no sólo el acceso a servicios financieros en México, sino también mejorar la transparencia y rendición de cuentas del sistema electoral y disminuir las amenazas y riesgos de lavado dinero en muchos sectores de la población, pero sobre todo tener un impacto positivo en los ciudadanos y en las instituciones públicas.
“En México persiste una generalizada falta de acceso al crédito, y esta exclusión la sufren más los habitantes de localidades pequeñas, donde dos de cada tres personas jamás ha tenido un crédito formal… En los últimos dos años, el crédito a través de amigos y familiares, en localidades grandes cayó 1.0 por ciento, en las pequeñas 20 por ciento”, destacó el investigador Víctor Carreón.
El experto del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) sostuvo que se puede revertir la desigualdad mediante la oferta de crédito a través de soluciones digitales, ya que hay sectores que han sido desatendidos por la banca y las brechas de acceso al crédito se han acrecentado.
Las plataformas digitales para servicios financieros, subrayó, disminuyen los costos de transacción; tienen capacidad de desarrollar productos a la medida, productos más personalizados; no se requiere una presencia física de una institución en localidades alejadas.
Sin embargo, advirtió, se requiere una política pública integral con características y marcos regulatorios actualizados a una realidad en la que los desarrollos tecnológicos impulsan, por ejemplo, la implementación de esquemas de crowdfunding, y en la que colaboren todos los actores.
Al participar en la primera mesa del foro, “La tecnología y la innovación como vehículos para la inclusión financiera”, Ana María Reséndiz Mora, comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), reconoció los nuevos retos que trae el escenario de la economía digital, como las Fintech, en aspectos como la educación, regulación y sobre todo la competencia.
“Autoridades internacionales han optado por regulaciones específicas con el objetivo de garantizar la competencia y asegurar la mayor calidad y precios a los consumidores, y han impuesto obligaciones específicas a estos jugadores… En México debemos continuar con una mayor coordinación entre las autoridades para fomentar la inclusión financiera, la educación financiera y la competencia económica”.
Jorge Pellicer, Vicepresidente de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dijo que hay muy poca competencia en el sector bancario, por lo que la oferta de servicios a través de medios digitales favorece la oferta de servicios en el sector popular.
No obstante, reconoció que este tema no es fácil, pues aún hay carencias en cuanto a infraestructura, conectividad y la seguridad que el sector requiere, además de que en México la cultura de ir a la sucursal es muy marcada todavía.
“El camino está trazado, para mí quizás está un poco lento, pero ahí va caminando, poco a poco con la intervención de todas las entidades financieras que están en el medio… La tecnología es el futuro, ya lo sabemos, lo vivimos y lo palpamos todos durante la pandemia y el tema seguirá evolucionando”.
En el encuentro, convocado por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), se pronunció por cambiar la percepción para utilizar las tecnologías en favor de la transparencia y rendición de cuentas en el sistema electoral mexicano, a través de la fiscalización de los partidos políticos.
“Los partidos han hecho poco por profesionalizar sus sistemas de administración… del reglamento de fiscalización, yo tiraría el 90 por ciento, porque no estamos viendo el recurso de efectivo en las campañas… No hay nada respecto de prevención de lavado de dinero”.
Santiago Nieto, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, destacó la necesidad de contar con más mecanismos de inclusión financiera para ampliar el ecosistema y los servicios financieros digitales, pero también de la modernización de todo el diseño relacionado con el combate al lavado dinero, financiamiento del terrorismo y en general con la procuración de Justicia.
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda reconoció que falta comprensión de las amenazas y riesgos de lavado dinero en muchos sectores de la población, y las nuevas tecnologías permiten mejores diligencias, más rápidas, económicas y efectivas contra ese tipo de actividades ilícitas.
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