En la Agenda Nacional de la Inteligencia Artificial para México 2024-2030, quedó establecido colocar los derechos humanos en el centro de las acciones y contar con tres ejes principales de trabajo: políticas públicas, regulación y gobernanza, “para orientar el desarrollo y la implementación de esta tecnología en México”, incluyendo, idealmente, que todas estas recomendaciones formen parte del Plan Nacional de Desarrollo en el próximo sexenio y lograr un presupuesto para infraestructura equivalente al 2.3 por ciento del PIB.
La Alianza Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), presentó esta propuesta que consta de 104 recomendaciones puntuales que llevarían a México a un futuro sostenible, inclusivo, ético y responsable, estableciendo un marco integral que abarca políticas públicas, regulaciones específicas y estrategias de gobernanza, subrayando la importancia de un enfoque colaborativo, multiactor, multidisciplinario, intersectorial, interdisciplinario y transdisciplinario, que involucre a todos los actores de la sociedad.
El documento de acceso público que se puede leer completo en el sitio de internet de la ANIA, contiene en la sección de políticas públicas, recomendaciones para educación y mercados laborales, ciberseguridad y gestión de riesgos, género inclusión y responsabilidad social, infraestructura y datos, innovación investigación e industria.
La publicación en el tema de regulación incluyó la Ley de Ciberseguridad, los Sandbox regulatorios, el fortalecimiento de los organismos autónomos y la cooperación internacional, así como los tratados en materia de intercambio de datos.
En materia de gobernanza, se destaca la necesidad de crear una Agencia Nacional Digital, con una Oficina Especializada en IA, un Comité de Ética y una Comisión Intersecretarial en la materia.
“Mirando hacia el futuro, la implementación efectiva de estas recomendaciones requerirá un esfuerzo sostenido, monitoreo constante y la voluntad de adaptarse a los cambios rápidos en el campo de la tecnología. La abierta comunicación y colaboración a nivel nacional e internacional, así como el intercambio de conocimientos serán cruciales”, detalla el documento.
Entre otros objetivos se busca incorporar acciones de política pública en IA como parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND), la Estrategia Digital Nacional (EDN), y el Plan de Cumplimiento de las Metas de Desarrollo Sostenible 2030, definiendo una hoja de ruta por acción, instancias responsables e indicadores de ejecución, a partir de ocho recomendaciones específicas.
Entre ellas destacan: desarrollar una metodología para el mapeo del ecosistema de la IA en México; integrar en la Política Nacional de Inclusión Digital/Agenda Digital Nacional, acciones para el desarrollo, uso y aprovechamiento de las tecnologías emergentes; definir acciones de la Política Nacional mediante un proceso abierto y colaborativo e impulsar un sistema de identidad digital, entre otras.
Respecto al rubro de educación y mercados laborales, hay 17 recomendaciones las cuales se subdividen en tres rubros: propiciar la integración de habilidades y conocimientos de tecnologías basadas en Inteligencia Artificial en el diseño curricular de educación básica, media superior y superior (incluyendo garantizar infraestructura y formación docente); impulsar programas de formación, actualización y certificación profesional con microcredenciales (con capacitación continua para la Población Económicamente Activa).
Y como tercer punto, incrementar la Inversión en Investigación y Desarrollo de Tecnologías Emergentes para Impulsar el desarrollo de México (fortaleciendo el ecosistema de la IA y mitigar la fuga de talentos, mediante fondo de inversión pública y privada para la investigación y desarrollo científico y tecnológico en la materia).
Por lo que hace a ciberseguridad y gestión de riesgos, hay cinco recomendaciones que buscan promover la este importante tema mediante la implementación de principios para el desarrollo tecnológico, gestión de riesgos e investigación, así como, protocolos efectivos de intercambio de información sobre ciberataques.
Además se recomienda establecer principios de desarrollo,adquisición e implementación de software y tecnologías emergentes e incrementar la inversión en la materia, así como impulsar la innovación en la gestión de la ciberseguridad y riesgos cibernéticos a través del uso de espacios controlados de pruebas (“sandboxes”).
Género, inclusión y responsabilidad social, suma un total de nueve recomendaciones para promover el ejercicio
pleno de los derechos humanos en el desarrollo, adquisición, y uso de sistemas de IA en los sectores público y privado a través de guías, protocolos, capacitación y asistencia técnica, sin descuidar el desarrollo de guías para el uso de IA en programas sociales y educativos, acceso a crédito, oportunidades de empleo, y servicios de salud orientadas a prevenir la discriminación en el perfilamiento de la población usuaria.
Sobre infraestructura y datos se incluyeron nueve recomendaciones para el desarrollo de infraestructura Pública Digital, incluyendo redes de telecomunicaciones, software, modelos de IA, y estructuras de datos abiertos diseñadas bajo principios éticos.
Se recomienda definir una política nacional de gobernanza de datos, impulsar la inversión en el despliegue de redes, incrementar la capacidad de procesamiento de los centros de datos, acelerar la digitalización de todos los organismos del Estado con capacitación para todos los funcionarios públicos.
Respecto al tema de la innovación, investigación e industria, la propuesta está orientada a aumentar la inversión
en Investigación y Desarrollo para alcanzar el promedio, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) de la OCDE de 2.3 por ciento, nivel superior al que actualmente México destina, de sólo 0.3 por ciento.
En materia de regulación, la recomendación se enfoca en expedir una Ley de Ciberseguridad que considere: protección de infraestructuras críticas y datos sensibles; promoción de la educación y la concientización en materia de ciberseguridad; colaboración entre sectores público y privado para compartir información, así como la implementación de mecanismos eficaces de respuesta ante incidentes.
“La Ley deberá considerar el cumplimiento de los estándares del Convenio de Budapest u otros convenios sobre delitos cibernéticos”. En gobernanza e indicadores se destaca la colaboración entre instituciones e industria, así como la estandarización de los datos conforme a las mejores prácticas internacionales.
C$T-EVP
