Ante la creciente «democratización» del crimen cibernético es necesario impulsar la actualización y penalización de las actividades ilícitas a nivel legislativo, así como la colaboración internacional, pues los ciberdelitos se han expandido hacia diferentes tipos de víctimas, organizaciones grandes y pequeñas, por lo que el llamado es a contar con un internet global seguro para todos.
Megan Stifel, asesora senior de políticas de Global Cyber Alliance, consideró como uno de los fundamentos cibernéticos para los practicantes legales es crear y mejorar la capacidad local para apoyar una Internet global fiable y seguro para todos, así como contar con un instrumento como el Convenio de Budapest que construye una capacidad de reacción ante la acción de los ciberdelincuentes.
“Si tenemos agencias policiacas locales que no tienen una serie de procedimientos de base, nuestra capacidad capacidad para encontrar a la víctima, identificar el sitio web que tal vez esté en otra jurisdicción y encontrar al culpable, que tal vez esté en una tercera jurisdicción, a menudo es muy limitada”.
Sin tener esta línea de competencias base en la ley, agregó la experta al responder a la pregunta sobre qué tanto ayuda a la investigación de ciberdelitos dicho instrumento internacional, los países se ven limitados en su capacidad de investigar y de construir un caso con base en la evidencia recabada, de fiscalización, inclusive.
“La capacidad de tener una, digamos, ley común es clave”, enfatizó la experta, para quien es sumamente importante que los países en vías de desarrollo construyan capacidades, no solamente a través de prácticas de higiene digital, sino por medio del ejercicio de la ley.
“Es clave para la OEA y otros construir esta capacidad en la red, para así tener este marco de base para respaldar la estabilidad del entorno”, recalcó en su ponencia “Esenciales de ciberseguridad para jueces y fiscales”, en el marco del simposio virtual de ciberseguridad de la OEA.
El Convenio sobre Ciberdelincuencia, firmado en Budapest el 23 de noviembre de 2001, que entró en vigor en julio de 2004, es un tratado internacional para la atención de delitos informáticos y de internet, con el fin de aplicar una política penal común para proteger a todos los usuarios de internet.
Forman parte de este instrumento de cooperación internacional contra este flagelo 65 Estados miembro, entre ellos algunos de Latinoamérica y el Caribe como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana; mientras que México se encuentra como observador.
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