Indispensable promover conocimiento y educación digital.
En el mercado mexicano la ciudadanía se encuentra desprotegida y vulnerable ante los ciberataques que proliferan velozmente en el ecosistema digital, sin conocimiento ni herramientas y sin un Estado que además de democratizar las tecnologías vele por la ciberseguridad, un derecho fundamental cuyo ejercicio está estrechamente relacionado con la soberanía digital.
“La soberanía digital se debe interpretar como la autoridad que tiene el ciudadano, que el ciudadano delega en sus representantes para preservar, resguardar y vigilar el entorno digital. Es importante que el término se fundamente en los principios básicos por persona, que implica la interpretación de buscar el mayor beneficio para el ser humano”, afirmó Elizabeth Peña Jáuregui especialista en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
Peña Jáuregui, quien trabaja con el Laboratorio de Ciberseguridad para Parlamentos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el cual recientemente presentó los 10 Principios de la Ciberseguridad Ciudadana, aseguró que el concepto sienta las bases para ejercer la ciberseguridad ciudadana.
“Propone una transición hacia una soberanía digital del gobierno y de la ciudadanía que permite hacerles partícipes y decidir, para actuar coordinadamente, sobre las prioridades y estrategias digitales en su respectivo entorno”.
La experta en regulación de las TIC y política pública explicó que la soberanía en la democracia digital va más allá de sólo poner la tecnología al servicio de la ciudadanía; también es empoderar a los ciudadanos, para que asuman su papel protagonista y puedan ser agentes de cambio y, lo más importante, ser responsables de la seguridad de su información.
“Por ello es indispensable promover el conocimiento, promover la educación digital como elementos inherentes a la democracia digital y promover esa corresponsabilidad del Estado y el ciudadano en un principio de soberanía digital”.
Para la especialista, la ciberseguridad no es una opción tecnológica, es una necesidad social, pues tanto las personas como las instituciones están expuestas a la inseguridad, a la incertidumbre y al cibercrimen que de acuerdo con la firma especializada en seguridad informática, Fortinet, con la pandemia creció 500 por ciento.
“El ciberdelito ahora ya es crimen organizado, ya no estamos hablando del individuo, que me hackeó mi teléfono. No, hay un crimen organizado, hay gente experta en temas tecnológicos, en temas cibernéticos que están netamente constituidas como organizaciones criminales”, expuso al participar en el conversatorio virtual “Soberanía, Regulación y Riesgos Digitales En México”, organizada por la plataforma CyberXFence.
Es en ese sentido, enfatizó, que no basta con conectar a los desconectados, ni limitarse a la protección de datos personales, se necesita promover el conocimiento y la educación digital como elementos inherentes a la democracia digital; proveer a todos de ciberseguridad debe ser un derecho humano.
En México falta legislación y también regulación evolutiva, progresiva, convergente. “Es necesario que el legislador sea consciente de estos principios de última generación que proporcionan una visión más amplia de los derechos de la ciudadanía digital”.
C$T-EVP
