En la Cámara de Diputados se impulsa una iniciativa que busca sancionar a quien con la finalidad de obtener una remuneración, debido a su reputación o fama, difunda en cualquier plataforma digital fotografías o videos de la boleta electoral, evidenciando el sentido de su voto, a fin de influenciar, persuadir o coaccionar al electorado.
Asimismo, la propuesta que adiciona y reforma las leyes generales en Materia de Delitos Electorales y de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los diputados del PT, José Luis Téllez Marín y Reginaldo Sandoval Flores, propone sancionar de 50 a 100 días multa y prisión de seis meses a tres años a quien solicite u ordene evidencia digital del sentido de su voto.
El documento, enviado a la Comisión de Reforma Política-Electoral, propone que en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, se prohíba la publicación o difusión de fotografías o videos de la boleta electoral, durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas.
Además, precisar que en el día de la votación y una vez comprobado que el elector aparece en las listas nominales y que haya exhibido su credencial para votar, el presidente de la mesa directiva de casilla informará al ciudadano que la veda electoral finaliza al término de la jornada electoral, por lo que nadie debe tomar o solicitar fotografías o videos con sentido del voto, ya que podría incurrir en un delito electoral.
Los legisladores exponen que, con esta reforma, se busca preservar la libre expresión de la voluntad popular, garantizar la confidencialidad del voto y proteger a las y los ciudadanos de cualquier tipo de intimidación o represalia y, de esta forma, garantizar elecciones libres y auténticas, exentas de coacción e influencia de factores indebidos, contribuyendo a la integralidad de los procesos electorales.
Sostienen que el sistema electoral en México ha enfrentado una serie de retos y amenazas que ponen a prueba su solidez y credibilidad. Uno de los desafíos más cruciales es la lucha contra la desinformación y las noticias falsas, que pueden influir en la percepción de los votantes y, en algunos casos, deslegitimar los resultados electorales, y ese sentido las redes sociales han amplificado este problema, convirtiéndose en un campo donde la manipulación de la información puede tener un impacto significativo en la elección.
En su iniciativa sostienen que la propaganda política que se ha visto en los últimos años a través de personalidades famosas, es una “consecuencia natural” de la migración de las audiencias cada vez más jóvenes, muy desconectadas de los medios tradicionales hacia las comunicaciones a través de los teléfonos móviles.
Los legisladores refieren que en diferentes países hay regulaciones específicas para influencers que intentan incidir en los procesos electorales. Por ejemplo, Francia, en 2022, introdujo una regulación en la que se exige revelar si están siendo remunerados por algún partido político, y en Australia la comisión electoral exige transparencia en la publicidad política y si los influencers están siendo pagados por promover algún partido político o candidato.
En ese sentido, añaden, ha surgido una preocupación creciente en torno al uso indebido de fotografías o videos tomados durante los procesos electorales, ya sea por presión de actores externos o por iniciativa propia de los ciudadanos o por la introducción de influencers en los procesos electorales.
Por ello, es necesario que en las próximas elecciones federales y locales se asegure equidad en las contiendas, eliminado o reduciendo al mínimo los mecanismos de coacción que “ha implantado el crimen organizado y otros actores ilegítimos” que obligan a los ciudadanos a registrar su voto mediante fotografías o videos, violando el secreto del sufragio y atentando contra los principios fundamentales de la democracia, poniendo en riesgo la seguridad de los votantes, además de generar desconfianza de nuestro sistema electoral.
C$T-GM
