El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se está convirtiendo en una práctica común en el ejercicio de la transparencia gubernamental y el combate a la corrupción; sin embargo, el reto no sólo está en digitalizar información o realizar auditorías en tiempo real, sino también en involucrar a la ciudadanía en los procesos de rendición de cuentas.
“Las plataformas que presentan información en tiempo real, no sólo las de transparencia, sino las de transparencia proactiva han sido un aliado en la lucha contra la corrupción y han empoderado al ciudadano”, aseveró Lizbeth Basto Avilés, coordinadora nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación, al abordar el tema del uso de las tecnologías en auditorías de programas gubernamentales.
En la mesa de análisis virtual “Desafíos del combate a la corrupción en la era digital”, detalló que en el 2020 en Yucatán se realizaron 17 auditorías en tiempo real, con un monto fiscalizado por mil 448 millones de pesos, es decir, el 99 por ciento de los recursos destinados a los apoyos de contingencia, entre ellos a pescadores y empresarios, así como para desempleo, de asistencia a la comunidad en vulnerabilidad y discapacidad, y de protección al empleo del sector turístico.
Para 2021, dijo, se incorporaron este tipo de revisiones en seis procesos distintos de la administración, y de un monto fiscalizable de 245 millones de pesos llevan revisados 193 millones de pesos en tiempo real.
“Yucatán lleva 21 procesos de auditoría en tiempo real y la idea para 2022 es reforzar las revisiones… pero además de Yucatán otros estados las realizan, como Puebla, Chiapas, Coahuila, Aguascalientes, Quintana Roo y Zacatecas”, agregó la también secretaria de la Contraloría General del Estado de Yucatán.
Sin embargo, aseguró que uno de los grandes retos en el tema de la fiscalización es la participación ciudadana, que los jóvenes entiendan la labor de los órganos internos de control, y que en la migración a la era digital estas instancias se dirijan con efectividad a las nuevas generaciones, a los nativos digitales.
“Las nuevas generaciones están acostumbradas a ver videos de 30 segundos en TikTok y a la facilidad de un video; tenemos que poner a su disposición este tipo de herramientas, para que con un clic puedan ver dónde, cómo y en qué se aplicaron los recursos públicos. Esto constituirá todo un reto no solo para los órganos fiscalizadores”.
En el foro organizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Agustín Ramírez Ramírez, coordinador académico del área de Derecho Administrativo de la Universidad Anáhuac, advirtió que existen retrasos en digitalización no sólo para efectos de fiscalización, sino también para el establecimiento de un gobierno abierto.
“Seguimos enfrentados todavía a una lógica de resguardo patrimonialista de ciertos documentos que pareciera que son propiedad de las administraciones públicas y esto es atentatorio de una lógica y de una idea de gobierno abierto”.
Además, aunque el también integrante permanente del Consejo Consultivo y socio fundador de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) reconoció que en la Estrategia Digital Nacional presentada en septiembre pasado, el tema del combate a la corrupción es uno de los principios que le da sentido, lamentó que no se aborde de manera práctica sino sólo como una cuestión retórica.
“Es muy importante retomar cuáles deben ser los principios de una agenda digital en materia de fiscalización y que se limite única y exclusivamente a la digitalización de archivos, aunque sea ese el punto de partida, sino que se utilicen algoritmos e Inteligencia Artificial (IA)”.
Por su parte, Pablo Angulo Briceño, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, destacó que los ciudadanos pueden participar a través de denuncias sobre el uso indebido de recursos públicos.
Sin embargo, consideró como retos la validación de la información anónima, la protección a la privacidad y contra riesgos de ciberseguridad, así como el desarrollo de mayores bases de datos con información parametrizada, el uso de algoritmos e Inteligencia Artificial (IA), así como el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional para compartir información y desarrollar acciones conjuntas.
“Es un sinsentido que habiendo tanto avance tecnológico en un tema como la rendición de cuentas y la fiscalización en el país no estemos aprovechando al máximo este avance. Hay que romper inercias… se necesita voluntad política, pero no solo eso sino también capacidad y conocimiento en lo que se esté generando tanto en leyes de fiscalización como en las propias herramientas”.
C$T-GM
